Estrangular a la Corte Penal Internacional

Sería algo así como los tres mosqueteros contra la malvada Corte Penal Internacional. La idea se la propuso Donald Trump a Xi Jinping, en privado, durante la cumbre de Pekín. La filtración la publicó el británico Financial Times, citando «fuentes cercanas» al encuentro en el que Trump explicó a su homólogo chino que estaba en el interés geoestratégico de sus respectivos países, junto con Rusia, unirse en contra la CPI, de la que ninguno es miembro.

Repudiada por EEUU desde su creación por el Estatuto de Roma de 1998, la CPI tiene la misión acabar con la impunidad de los perpetradores de crímenes contra la humanidad. Nada más volver a la Casa Blanca, en febrero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva que impone sanciones draconianas a funcionarios y colaboradores de la CPI que investiguen a ciudadanos estadounidenses y de países aliados. Lo hizo durante la visita a Washington del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto internacional emitida por la CPI en noviembre de 2024 por supuestos crímenes cometidos en Gaza.

El fin es asfixiar el funcionamiento de la corte ya que los sancionados, el fiscal jefe Karim Khan, los fiscales adjuntos y ocho jueces de la corte, tienen sus tarjetas de crédito canceladas y sus cuentas bancarias bloqueadas por los bancos temerosos de previsibles multas por parte de EEUU. Por lo mismo las grandes tecnológicas estadounidenses les han cerrado el acceso a todos los servicios digitales complicando enormemente su trabajo. Es fácil imaginar el impacto sobre la vida cotidiana de los sancionados que viven en La Haya y por lo tanto son totalmente dependientes, como todos los europeos, de las Big Tech que han colonizado todos los rincones de la actividad en la UE. El apagón digital implica cobrar los salarios y pagar en efectivo, no poder enviar dinero a sus familias a sus países de origen o perder sus bienes digitales.

Tampoco pueden viajar a EEUU bajo la amenaza de ser detenidos, y por si no bastara han sido inscritos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros como si fueran terroristas o criminales. Pero la larga y poderosa mano de Washington llega todavía más lejos. Las ONG y cualquier persona que colabore con los fiscales de la CPI aportando pruebas también pueden caer bajo las sanciones de EEUU, y sin pruebas no hay juicio posible.

Y sin embargo la CPI resiste. Putin, encausado por la deportación de niños ucranianos a Rusia, ha limitado sus viajes a países no firmantes del Estatuto de Roma, aunque sí fue a Mongolia en 2024 y a Tayikistán en 2025, que incumplieron la obligación de detenerlo. Igual que Hungría cuando Orbán recibió a Netanyahu en 2025 desafiando a la CPI y a la UE. Italia también fue desleal e incumplió cuando, en 2025, el Gobierno de Meloni devolvió en un avión militar a Túnez a Osama Almasri Najim, encausado por tortura y esclavitud, entre otros crímenes cometidos en la cárcel libia de Mitiga.

Alemania sí cumplió y detuvo a Khaled Mohmamed Ali El Hishri, en Berlín, en 2025, por los mismos crímenes cometidos en Mitiga. Calificado por la CPI como «torturador sanguinario» hoy es el primer acusado libio bajo custodia en La Haya. Un hito tras 15 años de investigación en Libia, al que se suma el próximo juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte.