La tentación de la multitud

Hay ciertos desórdenes sociales a los que hay que atender en tanto nuestros políticos dirimen sus problemas en los tribunales, las fuerzas de seguridad se ven amenazadas por los narcos, o los jueces ven entorpecida su labor, mientras los ciudadanos padecemos un deterioro de las garantías, sin acabar de asumir que para tener derechos hay que cumplir deberes.

Asistimos a la consolidación de un nuevo clima social y político donde el llamado buenismo —esa actitud que ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia— se ha impuesto como una norma de conducta obligatoria. Esta complacencia, jaleada desde unas plataformas digitales que operan como cajas de resonancia de la indignación y el aplauso fácil, fuerza al ciudadano a una suerte de cautividad ideológica. Alertar sobre este peligroso ejercicio de sometimiento intelectual implica reconocer que la verdad factual ha sido sustituida por el relato de conveniencia; cuando la memoria y la realidad se amoldan al paladar de una doctrina prefabricada, el rigor desaparece y el pensamiento crítico se extingue, dejando a la sociedad indefensa ante el dogmatismo y el sentimentalismo impuesto.

La política ha capitulado con frecuencia ante la demagogia, adoptando la estrategia clásica del pan y circo -fútbol, conciertos, etc.-, sirviendo distracciones para que la población no cuestione las deficiencias del sistema. El profesor Javier Moscoso ha advertido que la indignación está relacionada con la infantilización de nuestro mundo contemporáneo y con la forma de sentimentalizar la política que nos lleva, irremediablemente, a la trinchera; cuando se promueven las emociones desde los poderes públicos, uno sabe cómo empieza la historia pero no cómo acaba -quizás en los extremismos más radicales-.

Esta deriva erosiona la esencia del Estado de derecho, aquel régimen en el que la Constitución debe garantizar la libertad, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder. Se pretende imponer un modelo cultural que camufla excedentes de indecencia tras una fachada de falsa empatía. Las instituciones tradicionales se vacían de contenido, transformándose en lo que algunos sociólogos definen como instituciones huecas, estructuras inadecuadas para la labor que deben desempeñar y que dejan a los ciudadanos desprotegidos. Frente a la fragmentación social provocada por las minorías múltiples y la polarización interesada, se hace indispensable recuperar el verdadero sentido de la democracia, entendida como una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos ante la ley. Para salvaguardar esta convivencia, es urgente reivindicar la autoritas, la forma más noble del poder, porque no impone nada y se legitima exclusivamente a través del prestigio y el respeto mutuo, distanciándose de la mala fe política.

Para neutralizar la tiranía del buenismo impuesto, la sociedad civil requiere dotarse de herramientas democráticas nacidas del consenso y el sentido común, orientadas a la creación del bien de todos y la elevación de la calidad de vida. El derecho político debe volver a regular con limpieza el funcionamiento de los poderes del Estado y sus relaciones con los ciudadanos, empezando por blindar los bienes preferentes: la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la igualdad y la protección real de los más débiles, en definitiva, el bienestar en libertad de todos. No se trata de ensayar debates estériles ni de sostener organismos públicos subvencionados e innecesarios que solo diluyen las responsabilidades y consumen recursos, sino de consolidar un sistema respetuoso donde se gobierne desde un genuino espíritu de consenso democrático capaz de hallar el centro de gravedad de una sociedad en equilibrio.