Un punto de inflexión en Venezuela

Si la captura y extracción de Nicolás Maduro marcó un antes y un después en el devenir de la República Bolivariana de Venezuela, el terremoto doble que azotó el país hace dos semanas constituye un punto de inflexión de carácter humano, social y político. Estas dos fechas, el 3 de enero de 2026, y el 24 de junio de este mismo año, cambiarán, por tanto, la historia de un país destinado a despuntar en todos los órdenes económicos, estratégicos y diplomáticos, pero que ha sufrido el latrocinio, el abuso y la rapiña de uno de los Gobiernos más corruptos y tiránicos de las últimas décadas. El desencanto social y el enfado poblacional se hicieron evidentes ya en las elecciones presidenciales de 2024.

Ahora aquella frustración de nuestros hermanos venezolanos se ha convertido en irritación y rabia; una furia que será difícil aplacar por mucho que la cornucopia del poder se afane en blanquear su gestión y en disimular su opresión. Y es que, pese a esa Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada para satisfacer las exigencias de Trump, el mismo día de los fatídicos terremotos, los detenidos políticos todavía se contaban por cientos, como había denunciado apenas dos días antes el Foro Penal. Así pues, mucho de cuanto hemos visto estos meses pasados, como la apertura al sector empresarial petrolero estadounidense, la coordinación diplomática entre Caracas y Washington, o la deportación y entrega de Alex Saab (aliado de Maduro) a EE.UU. para ayudar a fiscalizar un profuso entramado económico de corrupción, no son más que un postureo interesado para calmar al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien se juega mucho con esa transición que le demanda la diáspora venezolana y buena parte de la Comunidad Internacional.

Aun así, el verdadero cambio de régimen llegará pronto. Especialmente ahora que un cataclismo como el del 24 de junio ha dejado al descubierto la degradación de los servicios públicos, el deterioro de las infraestructuras, y el engaño de las construcciones sociales que llevaban tiempo denunciando, ya desde la época de Hugo Chávez, los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse por culpa de un sistema chavista que ha patrimonializado el Estado, controlando cada resorte de la Administración, y ocupando de manera indisimulada incluso las instituciones más representativas del país.

Frente a la destrucción y el caos sobrevenido, el mundo reacciona en pro de un pueblo sufrido y malherido. En primera instancia, Estados Unidos, liberando las transacciones económicas a Venezuela, y levantando las sanciones y el bloqueo destinados a frenar la fuga de bienes, capitales y divisas. Todo ello con ayudas directas; con apoyo humanitario, técnico y hasta militar; y con paquetes económicos de cientos de millones de dólares. Incluso comunidades como la gallega o la madrileña resultan ejemplares en este sentido; mucho más que España a nivel estatal (pese a haber contribuido ésta durante años, con su blanqueo y apoyo a la dictadura venezolana, al desastre que estos días se ha puesto de manifiesto). Pero la incapacidad gestora de la mafia gubernamental de Caracas es tal, que incluso esos militares, esas milicias, esos reservistas, y ese Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acostumbrados como están a la opresión y la extorsión, en vez de ayudar a un pueblo ávido de asistencia, siguen utilizando su poder para obstaculizar, limitar y controlar tanto las ayudas que llegan del exterior, como a esos rescatadores, voluntarios y activistas que les suplican que abandonen la vigilancia y las armas, y colaboren con las palas y los rastrillos.