Carles Puigdemont tendrá que esperar

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), encargado de fiscalizar y definir la compatibilidad de las leyes nacionales con el Derecho de la UE, dictó el 16 de julio dos sentencias que dan respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. En lo relativo a la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de “amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, lo primero es recordar que la Gran Sala no entra a juzgar si dicha Ley es o no es constitucional. Se limita a señalar que no vulnera, con carácter general, el Derecho europeo. Será el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Supremo atendiendo a lo dictaminado por el anterior, quien terminará de especificar el grado de responsabilidad penal del prófugo Carles Puigdemont por los hechos acaecidos el 1-O de 2017, que derivaron en la orden nacional de detención que pesa sobre él.

Y es que, pese a que, según la Corte de Luxemburgo, no se han infringido los intereses financieros de la UE, habrá que ver si hubo malversación de dinero público específicamente español. También tendremos que estar atentos a cómo se interpreta en España la hipótesis de terrorismo que planteaba la Audiencia Nacional, puesto que para el TJUE no existe una tipificación semejante en el ámbito legal europeo. Esto es así porque la jurisprudencia y la normativa al respecto de los Estados miembros varía a lo largo del espacio europeo; por lo que para los magistrados del Alto Tribunal de la UE resulta difícil aceptar o rechazar como legítimo unos acontecimientos que han de dirimirse y juzgarse dentro del estricto ámbito nacional. Por otro lado, la cuestión de la “autoamnistía” sigue generando desconfianza y críticas, pese a que no se defina en este momento como contraria al Derecho de la Unión, o a que pueda ser defendida como un vehículo para la “reconciliación política y social”.

Lógicamente, Carles Puigdemont se muestra eufórico, y exige que se aceleren los pasos judiciales. Entretanto, el secretario general de Junts, Jordi Turull, califica la resolución del TJUE de “gran victoria”, y pide a los jueces que hagan efectiva la aplicación de la Amnistía. Todo ello, al tiempo que reivindica el referéndum del 1-O, y advierte que la sentencia constituye “un revulsivo para el secesionismo catalán” y “carga de energía al independentismo”. Es más; ha llegado a decir que la amnistía a Puigdemont no implica “renunciar a nada, ni siquiera a hacer efectivo el derecho de autodeterminación de Cataluña ni a la unilateralidad”. El propio Oriol Junqueras, presidente de ERC confirma que, tras la sentencia, “la apuesta inmediata debe ser la celebración de un referéndum de secesión”. Por eso, cuando desde el Ejecutivo español se apunta a una supuesta “reconciliación”, desde el secesionismo se señala que “el conflicto político no ha acabado”, y que su lucha continuará en la misma línea; es decir, como hasta ahora.

Pues bien, esto demuestra el peligro de cuanto urdieron y ejecutaron los líderes del ‘procés’, evidencia lo peligroso que es pactar privilegios penales a cambio de poder político, y crea un peligroso precedente en todo el espacio europeo, pues alienta a los más de 50 procesos independentistas que recorren el Viejo Continente a seguir adelante con sus deseos de ruptura y secesión. Por eso acierta Aznar al señalar que “cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo”, puesto que “la unidad de España, de Francia, de Alemania, o de Italia, son el cimiento de la unidad de Europa.