El impacto de la avalancha migratoria

Lo sucedido en Ceuta tiene repercusiones políticas, jurídicas, diplomáticas y económicas. Pero lo que más nos preocupa es el impacto social de la avalancha migratoria sufrida por la Ciudad Autónoma desde el pasado 30 de julio (e incluso antes). Esto es así porque una ciudad de 83.000 habitantes se ve forzada a gestionar, durante semanas, una emergencia fronteriza que excede su capacidad ordinaria de acogimiento. La ansiada vuelta a la normalidad aparenta retrasarse ‘sine die’. La clave estará en la rapidez con la que el Gobierno central consiga trasladar a la Península, repatriar a Marruecos, o resolver legalmente la situación administrativa y las solicitudes de asilo de quienes se resisten a abandonar Ceuta.

El traslado de migrantes está siendo caótico. Las plazas no son suficientes. Los migrantes trasladados a los campamentos habilitados para acogerlos, regresan a la playa de El Trampolín una y otra vez. Nuestros amigos nos confirman que la confusión es máxima; y el caos que vive Ceuta no parece tener fin. Muchos de los migrantes siguen deambulando por las calles, u ocupándolas con tiendas de campaña que montan en cualquier punto de la ciudad de manera improvisada y pese a que se están habilitando para ellos instalaciones militares, aparcamientos, instalaciones deportivas y hasta centros educativos. Esto hace que playas, parques públicos, zonas deportivas y espacios urbanos no puedan ser disfrutados por las familias locales.

Se necesitan agentes de extranjería, traductores, sanitarios, policías, abogados, fiscales de menores, y personal de seguridad destinado a tiendas, centros comerciales, zonas residenciales, etc. La saturación administrativa es evidente. Hasta los médicos llevan días exigiendo un plan para esta auténtica “catástrofe asistencial”. Pero, también la sensación de inseguridad es total, como vemos en esos grupos de mujeres que ya se organizan para ir juntas a hacer la compra o cualquier otra gestión. Ante la posibilidad de un confinamiento obligado en sus casas debido al miedo a los robos o a las agresiones, cientos de familias de Ceuta envían ya a sus hijos e hijas a la Península con familiares y amigos. Dentro del impacto en los servicios públicos, otros sectores como el de los operarios de limpieza, los servicios sociales, la protección de menores, y hasta la provisión de alojamiento, se encuentran desbordados, sin capacidad para asegurar la limpieza, el saneamiento y la vigilancia epidemiológica.

La Fiscalía de Ceuta trabaja con sólo ocho fiscales, asumiendo una tarea máxima de 200 entrevistas diarias vinculadas exclusivamente a la determinación de la edad de los migrantes. Por eso reclaman refuerzos, incluidos funcionarios e intérpretes. Similar caos se percibe con los expedientes de Extranjería y Asilo, con la Policía Nacional resolviendo apenas unos 30 expedientes de asilo al día. Esta lentitud administrativa provocará que la presencia de los migrantes en la Ciudad Autónoma se prolongue en el tiempo (se habla de más de un año).

Pero es que también los migrantes afrontan tres desafíos preocupantes: la adopción ilegal, el secuestro asociado al tráfico de órganos, y la explotación laboral y sexual. Las propias niñas y mujeres se agrupan cerca de espacios que puedan contar con la protección policial. Hablamos de miles de menores que, por cuestiones humanitarias, deben ser identificados y custodiados hasta su pronta devolución a un Marruecos que es considerado “un país seguro”. Sólo así nuestra bella Ciudad Autónoma recuperará todo su esplendor, su hostelería, sus playas, y los millones de euros perdidos debido a esta nueva crisis migratoria.