Ceuta no tiene quien la proteja

Los ceutíes han perdido sus derechos como ciudadanos libres; y su Ciudad Autónoma ya parece no constituir un Estado de Derecho dentro de una Unión Europea que a veces semeja querer anteponer el concepto de ‘solidaridad’ al de ‘libertad’ en según qué territorios más o menos cercanos. Ceuta ha pasado a convertirse de la noche a la mañana en un inmenso “campo de refugiados”, donde nuestros nacionales se han tenido que “refugiar” en sus casas para que el Gobierno del Estado pueda seguir “refugiando” a quienes violaron nuestras fronteras y zarandearon nuestra propia Seguridad Nacional. El hecho de que ya en julio se hubiesen registrado en el Ministerio del Interior hasta siete avisos de los 25 agentes del CNI operando en Ceuta sobre el asalto migratorio, y que no se haya hecho nada para evitarlo, desvela la dejadez del Gobierno español con respecto a nuestra ciudad sureña.

Incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil habían alertado sobre la amenaza de los migrantes. Esta última, hasta informó el 27 de julio de la entrada, sólo durante ese mes, de 1.000 nadadores. La propia Mehania marroquí (sus fuerzas auxiliares y de seguridad en el norte de África), reconocieron el incremento anómalo de personas en Castillejos (la localidad vecina a Ceuta); y los servicios de información marroquíes advirtieron a Interior sobre mensajes en las redes sociales que incitaban a entrar a nado en Ceuta. Se trataba, por tanto, de datos manejados tanto por la agencia de inteligencia interior marroquí (la DGST o Dirección General de Vigilancia del Territorio), como por el servicio de inteligencia exterior y contraespionaje (la DGED o Dirección General de Estudios y Documentación).

Ver la guerra interna entre la titular de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avergüenza a propios y extraños; y evidencia una descoordinación que se extiende al ministerio de Exteriores de José Manuel Albares, al de Migraciones de Elma Saiz, al de Sanidad de Mónica García, y al de Política Territorial de Ángel Víctor Torres. Si a ello le añadimos los vaivenes explicativos y los titubeos incluso legales del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, queda claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que el propio presidente, no han estado a la altura ni antes ni después de la invasión migratoria; y han dejado a los ceutíes al albur de cuanto pueda amenazar su seguridad y su libertad desde el vecino Marruecos; algo de lo que no parece darse cuenta ni el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien ni siquiera reconoce que varios cientos de los migrantes llegados a Ceuta ya han cruzado a la Península en motos de agua y lanchas rápidas (previo pago de entre 3.000 y 6.000 euros por trayecto).

Ahora el Gobierno pisa el acelerador, pero sin lograr disimular el nuevo caos que ha generado. Tras casi un mes de brazos caídos, nombra un ‘mando único’ y activa la Ley de Seguridad Nacional para gestionar la crisis (quizá también como respuesta a la postura de hasta 22 países de la UE que consideran un “efecto llamada” la regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez). También se puso las pilas en materia legislativa tras el Consejo de Seguridad del martes, aprobando los anteproyectos de la nueva Ley de Asilo y de la reforma de la obsoleta Ley de Extranjería, que limitarán a tres meses la resolución de las solicitudes de protección internacional, reducirán las fases administrativa y judicial, rechazarán más fácilmente las solicitudes de los marroquíes, y permitirán la extensión de las detenciones. Ojalá no sea demasiado tarde.