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JAIME RODRÍGUEZ-ARANA

Colegios profesionales

27.02.2011 
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UNA de las instituciones más representativas de la sociedad civil son los colegios profesionales. Nacieron como agrupaciones de profesionales para la defensa de sus intereses frente al intento de control social del poder establecido. Hoy, bastantes siglos después, el poder político, que trata de adueñarse de la sociedad civil a como de lugar, pretende eliminarlos. Si, por mor del proyecto de ley de servicios profesionales que maneja el Gobierno, se elimina el principio de colegiación obligatoria, la pérdida de autonomía de las profesiones colegiadas será una realidad.

El gran argumento para la supresión de estas instituciones es la necesidad de eliminar ciertas barreras existentes para trabajar en el seno de determinadas profesiones. Fundamentalmente, se trata de reservar el principio de la colegiación obligatoria al legislador estatal. Es decir, será el poder político el que autorice la aplicación de este principio. Principio que permite, entre otras cosas, el enjuiciamiento de los supuestos de mala praxis, de mal ejercicio profesional, por comités de ética y deontología residenciados en los propios colegios. Si se elimina la colegiación, será la Administración pública la que ejerza la potestad sancionadora, quedando en manos del poder público la posibilidad o no de sancionar a los profesionales.

El control político de las profesiones liberales es una vieja aspiración de la ideología totalitaria. Ideología que pretende la absorción de la sociedad civil por el Estado. Ideología que, como quería Hegel, parte del presupuesto de que el Estado es la encarnación del ideal ético, por lo que éste debe envolver todo lo social con la finalidad de garantizar su eticidad y moralidad. El tiempo ha demostrado que estas ideas se han estrellado contra la realidad y que el Estado debe aspirar, como organización política de la sociedad, a facilitar el libre ejercicio de los derechos por parte de la población, no a restringirlos, y menos a eliminarlos.

La versión estática del Estado de bienestar ha fracasado. Entre otras razones, por su intento de convertir el subsidio y la subvención en instrumento de captura política de millones de ciudadanos. Tantos fondos públicos empleados en dominar a la sociedad han provocado dos cosas. La narcotización de buena parte de la sociedad y la crisis del modelo del Estado de bienestar, que no ha podido generar más fondos públicos para el control y manipulación social, pues los recursos son escasos.

La crisis pone en cuestión el sistema y las dádivas y placebos públicos empiezan a desaparecer. Es entonces, cuando, de acuerdo con la hoja de ruta de uno de los procesos de mayor restricción de las libertades de la historia de España, se lanza el proyecto de caza y captura de los colegios profesionales.

Con los colegios profesionales domesticados desaparecería una de las principales expresiones de esas instituciones intermedias que según Tocqueville permiten la existencia de una democracia sólida. Que ciertos colegios hayan sido presididos de forma clientelar no quiere decir, como algunos pretenden, que deban suprimirse. Más bien, se trata de que los colegios profesionales sean efectivamente el valladar del ejercicio libre y autónomo de profesiones liberales que, con su ejercicio responsable, dotan a la sociedad del temple y la libertad necesaria para una vida social libre y plural.

La cuestión de los colegios profesionales no es si deben o no existir. Es sencillamente fortalecer su régimen jurídico y garantizar la autonomía y la independencia frente a las injerencias de un poder político que no quiere recluirse en sus cuarteles. Quiere expandirse. Por eso intenta dominar las instituciones reguladoras, al poder judicial, al poder ejecutivo, a las asociaciones y a los colegios profesionales. Sin embargo, poco a poco, una vez que desaparecen los subsidios y los instrumentos de dependencia, es probable que la sociedad civil despierte y actúe con libertad poniendo a cada uno en su sitio. Veremos si acontece antes o después.

Catedrático de Derecho Administrativo