Cámaras sí, pero no de cualquier forma

las cámaras de videovigilancia han dado excelentes resultados en numerosas ciudades europeas a la hora de frenar la delincuencia y el vandalismo callejero. Un ejemplo claro lo tenemos en Londres, donde la policía metropolitana estima que más del 70% de las investigaciones de asesinatos se resuelven gracias a la ayuda de los sistemas de captación de imágenes, aunque no hace falta irse tan lejos para sacar conclusiones en torno a la misión que cumplen dichos artefactos. Aquí, sin salir de Santiago, basta acudir a cualquier juicio de cierta importancia para comprobar que un porcentaje elevadísimo de las pruebas relacionadas con crímenes de todo tipo, violaciones, robos, atracos y peleas se obtienen gracias a las imágenes grabadas por dispositivos de este tipo. En el caso Asunta, por ejemplo, las cámaras resultaron vitales para conocer al milímetro los movimientos que realizaron tanto la víctima como los acusados del asesinato antes y después del crimen, con el resultado por todos conocido, y sabemos también el papel fundamental que jugaron en la investigación de otros delitos execrables cometidos recientemente en otros puntos de Galicia. ¿Hubiese sido posible detener a los acusados de dar muerte a Samuel si sus movimientos y acciones no hubiesen quedado registradas en dispositivos digitales? Como anunció ayer EL CORREO, en septiembre arrancará la instalación de más de 40 cámaras inteligentes repartidas por el casco histórico. Dicho plan ha suscitado no pocos recelos entre quienes afirman que supondrá invadir la intimidad de cualquier viandante que pasee por las rúas, lo cual ha reabierto de nuevo con fuerza el debate en torno a si merece la pena sacrificar la privacidad en aras de conseguir una mayor seguridad. Y como suele ocurrir, seguramente la respuesta más sensata no está en los extremos, sino en el centro. Es decir, cámaras sí, pero rigurosamente controladas por un reducido número de funcionarios perfectamente seleccionados. Ni más ni menos.