Cuando se oculta la letra pequeña
HASTA JUNIO DE 2014 era costumbre permitida por la ley que los contratos contuvieran un volumen de información tan grande como farragoso, donde se mezclaban términos técnicos con vocablos altisonantes y sobre todo cifras con decimales, porcentajes, raíces cuadradas; ejemplos que no entendían ni los más expertos abogados e incluso los jueces, cuando llegaban a sus manos, tenían que acudir a los peritos para que ayudaran a desenmarañar tal despropósito. Era lo que se llamaba letra pequeña y hacía honor a su nombre: un cuerpo de texto tan reducido que era casi imposible de descifrar, incluso más difícil de leer que de interpretar. Una modificación de la legislación obliga desde entonces a que las condiciones de un contrato sean legibles y comprensibles.
Pero la letra pequeña sigue existiendo. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas el pasado viernes para poder acceder a los fondos europeos figura en el Anexo IV que “se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)”. Traducido a un lenguaje normal significa que una vez suprimida la fórmula que al hacer la declaración de la renta beneficia a unos cuatro millones de contribuyentes individuales, dos millones de familias, el Estado ingresaría una importante cantidad de dinero, 1.070 millones en el atípico ejercicio de 2020 según figura en el resumen de los beneficios fiscales recogidos en los Presupuestos. Una cifra que podría situarse en un año normal por encima de los tres mil millones de impuestos que, como casi siempre, acabarían desembolsando familias de clases media, que son la mayoría entre los que reciben una nómina y hacen la declaración conjunta.
El aluvión de críticas de los partidos de la derecha y de sus socios que recibió en pleno domingo la parte socialista del Gobierno, obligó a una rectificación urgente que cada vez genera más dudas.
Europa exige reformas, aunque debería leerse recortes, para poder ingresar los 140.000 millones de euros de ayudas y el Ejecutivo de Pedro Sánchez sabe que está obligado a hacerlo pero oculta en nuestro país esa parte del documento enviado a la Comisión en la que figura reformas tan importantes como la laboral, la de las pensiones y la fiscal; es decir, las contraprestaciones. No quiere dar detalles, estamos ante unas elecciones en Madrid, de lo que sí envió a Bruselas. Da igual. Los ciudadanos tienen claro que cuando la UE deja dinero siempre pide algo a cambio y que detrás de la letra pequeña está lo que se quiere encubrir. Por eso la confianza en los políticos está permanentemente bajo mínimos.