Delirantes maniobras de Sánchez

COMO ERA de temer, los apoyos envenenados conseguidos por el Gobierno central para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado no van a suponer solo la materialización de un escenario político delirante en el que las fuerzas que más desean romper la unidad territorial del país, paradójicamente, serán las que más poder de presión tendrán sobre un Ejecutivo obligado a velar por la unidad de España, sino que además sus líderes podrán negociar de tú a tú con el presidente cuestiones tan importantes como la gestión que hacen las comunidades autónomas de los denominados impuestos cedidos. En ese chantaje ya ha entrado a saco un personaje que, como Gabriel Rufián, exige que el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya a los PGE se vea compensado por la puesta en marcha de una “armonización fiscal” que suponga poner fin a los privilegios de los que gozan, según él, los residentes de ciertas autonomías cuyos mandatarios, haciendo uso de sus atribuciones y cumpliendo con la legalidad, gestionan como mejor les parece dichos tributos. La guerra de Rufián y de los independentistas catalanes va dirigida con claridad, una vez más, contra Madrid, a cuya presidenta no pueden ver ni en pintura por ser del PP y no tener complejo alguno a la hora de fustigar a las fuerzas secesionistas, pero su coacción también tendrá importantes efectos en comunidades como Galicia, según ha advertido Alberto Núñez Feijóo. La impresión general sobre este espinoso asunto es que cualquier variación en la gestión de dichos impuestos debe materializarse a través de un gran acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, pero jamás como resultado de una negociación rastrera impulsada por un partido especializado en pasarse por el forro la lealtad institucional y capitaneado por perfectos irresponsables cuyas ansias separatistas han provocado la fuga de sus feudos de al menos seis mil empresas en los últimos meses. Si eso ocurre, se producirá la sonrojante e intragable paradoja de que los líderes de una formación que siempre ha perseguido la independencia en todos los órdenes, no solo el fiscal, decidirán cuánto han de pagar los madrileños, gallegos o andaluces por conceptos tales como sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales o peculios personales. Feijóo, como Ayuso, ya ha anunciado que no tragará con esa imposición si se hace de una forma tan desleal, injusta y chapucera, pero lo que de verdad hace falta es que la rebelión parta de los numerosos dirigentes socialistas que cada vez ven con peores ojos las desquiciadas maniobras de su comandante en jefe.