Deudas pagadas a medias

BUENA NOTICIA PERO... con matices. Aprovechó Pedro Sánchez su visita a nuestra comunidad durante el Día de Galicia para adelantar un acuerdo del Consejo de Ministros de este martes que supone saldar una pequeña parte de la deuda que el Estado tiene contraída con nuestra comunidad: la rebaja en los caros peajes de la Autopista AP-9 será efectiva de forma inmediata. Los detalles los explicó la nueva titular de Transportes, Raquel Sánchez, en medio del alborozo de una buena parte de representantes públicos del PSdeG. Satisfacción y aplausos generalizados ante una decisión que, según las previsiones del Gobierno, supondrá un ahorro de 2.300 millones y, aunque la ministra añadió “a los gallegos”, la realidad es que conviene aclarar que no todos los usuarios de la AP-9 son naturales de nuestra autonomía y que si esa desorbitada cantidad se desmenuza queda en 55 millones anuales que se embolsará Audasa hasta que en 2048 concluya la autorización administrativa. Cantidad que se incorporará a los Presupuestos Generales del Estado y deberán ir desembolsando los distintos ejecutivos. Aquí, como siempre, quienes más ganan son las grandes empresas y fondos que forman parte del accionariado de la concesionaria y de la empresa que gestiona los dispositivos automáticos de pago, imprescindibles para beneficiarse de los descuentos. La letra pequeña confirma que es una buena noticia con matices. La mejor prueba es que los transportistas profesionales no tardaron en manifestar su decepción al considerar insuficientes las reducciones en las tarifas, que seguirán situadas entre las más caras de España. Ese optimismo mostrado por cargos socialistas y nacionalistas que, por cierto, no dudaron a la hora de atribuirse la autoría de la medida, choca con una nueva discriminación. Mientras Galicia recibe con resignación la obligatoriedad del peaje en una autopista que ya está amortizada con creces, en Cataluña desde el 1 de septiembre serán gratuitos dos nuevos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera y entre Montmeló y el Papiol; la
AP-2 Zaragoza-El Vendrell, y la C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló). En total 640 kilómetros más de dobles vías que pagaremos todos los españoles con nuestros impuestos y que las disfrutarán, sobre todo, en una comunidad privilegiada y mimada por este Gobierno. Algo que no debería sorprendernos mucho. La imperiosa necesidad que tiene el presidente Sánchez de contar con los votos del nacionalismo catalán pasa peaje, nunca mejor empleado el término.

Ya lo escribió nuestro Castelao en su día: mexan por nos e decimos que chove.