Economía y calidad de las instituciones

LOS CIUDADANOS ASISTEN atónitos a una falta de coordinación entre las administraciones públicas, incluidas las judiciales, a cuenta de la gestión de la pandemia, que lamina el principio de cogobernanza que nunca existió. Queda el convencimiento de cada una está dispuesta a hacer la guerra por su cuenta y que para ello emplea todas las armas. La crisis del COVID situó a nuestro país ante un espejo cuyo reflejo nos devuelve una imagen más que preocupante, con graves carencias en seguridad jurídica y eficiencia judicial, déficit de transparencia y unas instituciones de gobierno lentas, burocratizadas y carentes del más mínimo sentido común, donde da la impresión de que nadie (políticos, jueces o funcionarios) es capaz de interpretar el espíritu de las normas o de las leyes por encima de su aplicación estricta. En los Papeles de Economía Española, que edita Funcas, se publicaba ayer un completo estudio –bajo la dirección, por cierto, del economista gallego Xosé Carlos Arias– en el que se hace un completo repaso sobre los problemas que genera en la economía española la calidad de sus administraciones. El primer diagnóstico es demoledor: “En cualquier comparación con los países avanzados de nuestro entorno llaman la atención fenómenos como el exceso de normas, o la deficiente rendición de cuentas, o las dificultades de coordinación en la estructura de gobierno multinivel o, en fin, la dificultad de las administraciones públicas para encarar la resolución de problemas nuevos”. No se trata de poner en cuestión un sistema que está demostrado que funciona. La España de las autonomías, un estado cuasi federal, es efectivo y Galicia un buen ejemplo de ello. En las últimas cuatro décadas, nuestra comunidad ha dado un salto de gigante en la convergencia con Europa, no solo con el resto del país. Pero quizás ha llegado el momento de soltar ahora algunos de los lastres que dificultan los avances de la economía. Dicen los expertos de Funcas lo que piensan la mayoría de los ciudadanos: que la gestión de la pandemia demostró las limitaciones de los gobiernos para actuar bajo presión. Culpan de ello a una “regulación defectuosa y en exceso prolija, la fragmentación del mercado entre territorios, las cargas burocráticas y la ineficiencia y falta de independencia del sistema judicial”. Muros que dificultan también el quehacer de las empresas en momentos complicados, en los que el espíritu de la ley debería prevalecer sobre la aplicación de su letra escrita. Se trata simplemente de allanar el camino para garantizar la supervivencia. Solo de esa forma se pueden salvar miles de puestos de trabajo. ¿Tan difícil es entender esto y actuar en consecuencia?