¿Incentivar a los mayores o los más jóvenes?
¿ES UN DERECHO DEL trabajador decidir cuándo se jubila? Retrasar la edad en la que se está abandonando el mundo laboral es objetivo principal de la reforma de pensiones toda vez que, de acuerdo con los datos que maneja la Seguridad Social, la edad real de jubilación lleva instalada más de una década por debajo de la legal. Por ello el Gobierno se plantea prohibir a las empresas que obliguen en los convenios a jubilarse a los trabajadores que sean menores de 68 años. El argumento del ministro José Luis Escrivá es claro: “Hay que hacerlo porque la jubilación es un derecho”.
La edad de retiro, con datos de 2020, se situaba en los 64,5 años, lo que significa que para este 2021, de acuerdo con las previsiones oficiales, será “inferior en un año a los 65 años y diez meses, establecidos como la edad legal en 2020”. Una brecha que irá en aumento toda vez que la edad media de retiro avanza más lentamente que la ordinaria de jubilación. Una tendencia que, de acuerdo con los datos del Ministerio, no se frena a pesar de las penalizaciones que se establecieron: un 71 % de quienes abandonaron el mundo laboral el pasado año antes de tiempo, en teoría deberían haber sufrido recortes en sus pensiones pero la práctica indica que esa circunstancia apenas tuvo incidencia en las arcas estatales ya que la mayor parte superaban el límite de los años cotizados que reducía ese índice corrector.
Para poder garantizar el pago futuro de los subsidios el Gobierno apuesta ahora por fijar mecanismos que ayuden a situar la edad real de jubilación al mismo nivel (o por encima) de la legal. Pretende hacerlo no solo prohibiendo a las empresas la cláusula de obligación en los convenios sino también incentivando con pagos directos a los trabajadores que decidan continuar en el mercado laboral: una prima anual de cerca de 11.000 euros, a los que le correspondería la pensión máxima, y que podría subir hasta los 12.060 por cada año de aplazamiento del cobro del subsidio a quienes hayan cotizado más de 44 años.
Una propuesta que serviría para aligerar el déficit del sistema (más de 25.000 euros/año por pensionista que siga trabajando) pero que no gusta ni a empresarios ni a sindicatos y que plantea un dilema moral evidente: ¿puede un país con un paro juvenil del 39,9 %, el más elevado de la UE, priorizar políticas que incentiven el retaso de la edad de jubilación en lugar de potenciar aquellas que permitan incorporar al mercado laboral a esos casi 600.000 jóvenes que no tienen empleo?
Trabajar también es un derecho y promocionar que lo hagan las nuevas generaciones es la mejor garantía para sostener un mejor sistema de pensiones.