Marcha atrás en la renovación del parque de vehículos

motor. La renovación del parque automovilístico en España debería ser una tarea importante por dos motivos: el primero, alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire. El segundo, aumentar la seguridad vial gracias a vehículos equipados con los sistemas más avanzados de ayuda a la conducción y tecnológicamente a la altura del período actual. Sin embargo, los últimos datos disponibles indican que lejos de caminar hacia adelante, el país –ya a la cola de la UE–, está retrocediendo en esta materia. De hecho, casi siete de cada diez coches usados que se comercializaron en Galicia durante el ejercicio pasado tenían diez o más años de antigüedad. Es verdad que hay factores sobrevenidos que favorecieron esta situación. El estallido de la guerra de Ucrania, que disparó la inflación y mermó la renta disponible de las familias, empujó a muchos compradores a decantarse por modelos con más rodaje y, por consiguiente, con menos precio. También es cierto que el conflicto provocado por la invasión rusa, unido a los efectos de la pandemia de covid que aún colea, incidió negativamente en las cadenas de suministro, retrasando las entregas de turismos nuevos –a veces hasta seis u ocho meses– y favoreciendo el tirón del producto de ocasión. Pero no por ello hay que obviar que algo no se debe estar haciendo del todo bien para impulsar el rejuvenecimiento del motor. Concentrar las ayudas exclusivamente en el eléctrico (Plan Moves), cuando todavía no está lo debidamente implantado, ni en cuanto a abastecimiento ni en cuanto a surtidores, dejando sin nada al sector de combustibles tradicionales, que evolucionaron mucho en los últimos tiempos, es un criterio que quizás convendría revisar para intentar dar un giro a la situación y coger velocidad en eficiencia y la sostenibilidad. Algo que ahora va marcha atrás.