Nuevas milongas sobre las okupaciones

EN SANTIAGO, como en otras muchas ciudades españolas, la okupación de viviendas se ha convertido en un problema gravísimo no solo para los propietarios que han visto sus bienes inmuebles usurpados, sino también para todo el vecindario, que debe sufrir a diario la compañía de personas que muy frecuentemente se dedican a actividades delictivas o no respetan las más mínimas reglas de convivencia. Ayer mismo, EL CORREO narraba el calvario que están sufriendo los vecinos de Belvís por culpa de dos grupos de personas que hace ya varios meses tomaron a la fuerza sendas casas del barrio. Según los afectados, dichos inquilinos indeseados no solo se dedican a actividades sospechosas, sino que montan todo tipo de jaranas en la calle y se han llegado a enfrentar entre ellos con navajas y hachas. ¿Resultado? Que los residentes habituales viven atemorizados y las personas mayores ni siquiera salen de sus casas por miedo a meterse en un lío, todo ello mientras la maquinaria judicial hace aguas por todas partes. La denominada ley de desahucios exprés prometía el oro y el moro a las víctimas de una okupación, pero los legisladores no pensaron, como es habitual, que las leyes no se pueden cumplir con agilidad si no se ponen los medios suficientes para ello. Y aunque la citada norma tiene aspecto de eficaz –desde que se tramita la demanda los usurpadores solo tienen un plazo de cinco días para demostrar que tienen algún tipo de derecho sobre el bien o se enfrentan directamente a la expulsión–, lo cierto es que miles de reclamaciones pasan meses criando telarañas en los juzgados hasta que el magistrado de turno puede dictar (o no) el desalojo. Así están las cosas mientras la Fiscalía General del Estado promete agilizar este tipo de procedimientos. Ya. Podemos esperar sentados...

BEATRIZ CASTRO/Periodista