Un debate confundido y viciado

POR LO QUE SE VE, será necesario seguir insistiendo en el hecho de que no es necesario cambiar la actual ley sobre okupaciones de viviendas, sino un sistema judicial agarrotado, el español, que es incapaz de actuar con eficacia y rapidez a la hora de proteger a quienes se ven privados de sus bienes. En los últimos días y semanas, como consecuencia de los numerosos casos de este tipo que se están registrando en toda España –Santiago no se ha librado de la pandemia y en una sola calle de Belvís ya hay tres casas okupadas por clanes que los vecinos tildan de mafias–, el enfado social se ha incrementado tanto que hasta la Fiscalía General del Estado ha tenido que intervenir para intentar pacificar los ánimos. Numerosos políticos y juristas también han salido a la palestra para señalar la necesidad de renovar la legislación con el fin de defender con más contundencia a los propietarios, aunque no aclaran cuáles son los puntos que hay que modificar, seguramente porque lo que hay que cambiar no es la ley, sino el funcionamiento del aparato judicial. Cualquiera que eche un vistazo a dicha norma de desahucios exprés llegará a la conclusión de que lo que falla no es la letra, sino la música posterior que se ejecuta en los juzgados. De hecho, el texto señala de forma expresa que una vez interpuesta la demanda civil por parte del afectado –que lógicamente tiene que demostrar tener algún tipo de derecho sobre el bien okupado mediante escritura de propiedad o contrato de alquiler–, la otra parte solo tiene cinco días para justificar su estancia en dicho inmueble. Y si no responde, la expulsión será inmediata. ¿Por qué entonces algunos procedimientos se demoran muchos meses, para desesperación de los demandantes? Muy fácil, porque los juzgados están saturados o dan prioridad a otros temas. Hinquemos el diente, pues, en ese problema.

BEATRIZ CASTRO/Periodista