Un esfuerzo que resulta obligatorio

fondos covid. España fue uno de los primeros países que miró hacia Bruselas tras la llegada de la pandemia para exigir planes de ayuda a la altura del desafío. Un reto, la gestión de la COVID, que no atiende a fronteras y que debe ser asumido por todos. Consciente de que se encontraba ante un examen importante justo después del brexit, la UE ofreció una lluvia de millones –a cambio de contraprestaciones, eso sí– que serán vitales para ayudarnos a salir del hoyo en forma de crisis social y económica que atravesamos. Un ejemplo que, en buena lógica, también debe seguir ahora el Gobierno con las CCAA sin mirar el color político ni tratar de sacar tajada electoral. Por eso, se equivoca la ministra de Hacienda cuando presume de los más de 800 millones que su departamento destinará a Galicia en las llamadas transferencias incondicionadas para seguir atendiendo las necesidades que genera el coronavirus. Unos recursos que no son ni más ni menos que la parte que corresponde a la comunidad de los 13.486 que se repartirán por todo el país. “Estamos haciendo una apuesta sin precedentes para que las comunidades tengan recursos por encima del sistema de financiación que les permita atender las necesidades que se han generado” dijo Montero, reclamando a la Xunta “lealtad institucional”. Un esfuerzo que se agradece, pero no es una opción. Es una obligación.