Una buena propuesta con demasiadas aristas

ES UNA ANOMALÍA LEGAL que un funcionario público permanezca diez años como interino. Solo en la Xunta hay, según reconoció Núñez Feijóo, dos mil personas en esa situación sin contar los que dependen de las consellerías de Educación y Sanidad que multiplicarán esa cifra. Es loable que el Gobierno de España apruebe un proyecto de ley para reducir al 8% el porcentaje del 32% de temporalidad actual en el empleo público. Algo había que hacer y sin mayores dilaciones; un funcionario que lleva una década en un puesto está legitimado para ocuparlo si la plaza nunca salió a concurso. En España hay más de 300.000 empleados afectados, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez está secuestrado por sus teóricos socios parlamentarios y es rehén en las negociaciones por falta de mayoría. Además, por perjuicios ideológicos, es incapaz de negociar sin ventajismos con el otro partido de gobierno en el Congreso. Esta situación provoca que se vivan episodios surrealistas como el que le obligó este miércoles a aceptar la demanda, beneficiosa para interinos en detrimento de funcionarios con plaza fija, otros temporales y los que ya están preparando las oposiciones. Es legal la suma de esos 170 escaños, pero los atajos que se tuvieron que tomar pone en cuestión todo lo aprobado en el Congreso. Tanto que los sindicatos que negociaron el decreto no tardaron ni un minuto en reclamar mayor concreción y seguridad jurídica para que en los tribunales no se tumbe este proceso. Desde Comisiones apuntaron que se van a producir numerosas reclamaciones, empezando por aquellos interinos que, ejemplo extremo, lleven nueve años, once meses y los días que se quieran añadir en el mismo puesto. En esa dirección fueron también las preocupaciones del presidente de la Xunta, que considera lo aprobado in extremis una enorme inseguridad jurídica y adelanta que, como piensan los representantes de los trabajadores, se va a producir una cascada de recursos, denuncias y demandas que repercutirán en el normal funcionamiento de las administraciones y afectarán a miles de personas al provocar la paralización de las ofertas públicas de empleo reactivadas este año. Siempre hemos denunciado desde esta página editorial la incongruencia de que los organismos públicos, que deberían dar ejemplo en el cumplimiento de las normas que se exigen a los empresarios, vulneraban sistemáticamente la legalidad. Conclusión, es una buena idea acabar con la temporalidad, pero lleva camino de convertirse en un gigantesco problema por la mezcla de frivolidad e improvisación. Algunos partidos defienden sus intereses sin importarles para nada la estabilidad del Estado.