Vacunas, patentes y fondos públicos
el uso de la mascarilla ya no será obligatorio a partir de este domingo en Israel, el país que encabeza el ranquin mundial de población vacunada contra el coronavirus: cerca del 60 por ciento de su población ha recibido ya la pauta completa. En tiempo récord, en el país hebreo se han puesto más de diez millones de vacunas. En España, privilegiada al fin y al cabo, el porcentaje de población inmunizada está aún en torno al siete por ciento. Y en Guatemala –país escogido al azar para escribir estas líneas entre aquellos con menos recursos– solo el 0,01 por cierto de sus ciudadanos ha recibido la vacuna completa. En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joen Biden, más de 170 personalidades de todo el mundo y algunos premios Nobel han pedido estos días la suspensión temporal de las patentes de las vacunas . Lo mismo han solicitado India y Sudáfrica a la Organización Mundial de Comercio bajo la premisa de que, con las licencias liberadas, la tecnología y el conocimiento compartido, se aumentaría la producción de vacunas y el acceso a las mismas de los países más pobres, algo que incuestionablemente ayudaría a frenar la aparición de nuevas variantes del virus y a atajar la pandemia a nivel global. El mercadeo de las vacunas es un hecho. Y los países ricos se resisten por ahora a liberar las patentes, convencidos de que así se frenaría el ímpetu investigador de la iniciativa privada. Pero siendo ese un riesgo, ¿no lo es más la pandemia en sí misma? ¿No es lógico pensar que cuanto más libremente circule el virus en aquellos países donde la inmunización va más rezagada más tardará también la derrota al virus en las zonas del planeta más desarrolladas? ¿O no vivimos en un mundo globalizado? ¿No requiere la dimensión de la tragedia medidas excepcionales? Pero hay más. Ya se han publicado algunos estudios sobre cómo se han financiado las investigaciones que han permitido a las grandes multinacionales sacar adelante sus vacunas. Un informe del que se hizo eco en el mes de febrero The Lancet apunta que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre 957 y 2.100 millones de dólares. Otro estudio apunta que el 97 % de la inversión para desarrollar la fórmula de AstraZeneca fue pública (Reino Unido habría puesto 45 millones y la Comisión Europea 30 más). Otro argumento de peso para sopesar la liberalización de las patentes y que, además, invita a reflexionar, de nuevo, sobre la necesidad de reforzar el apoyo a la ciencia hecha en organismos públicos, cuyos investigadores, precarizados en muchos casos y a pesar de los pesares, sí mantienen vivas las ansias de saber.