13 propuestas
SE ACABABA el año 2021 y veía la luz el “13 propuestas para reformar la Administración del Estado”, el informe encargado en su día por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (de Hacienda y Función Pública, tras la veraniega remodelación del gobierno), a un grupo de personas expertas en gestión público. El objetivo: definir las medidas de reforma que se debían adoptar con carácter más urgente, para concluir con una propuesta sobre los posibles ejes estratégicos de la reforma, con una clave: propuestas que se puedan implantar directamente. Sin necesidad de reformas normativas, tantas veces ejes de la procrastinación absoluta, fiando al poder taumatúrgico del BOE las posibilidades de éxito de la transformación.
Para ello, el informe parte de 3 preguntas que toda administración debería hacerse, pero sobre todo en un momento como el actual, marcado por la crisis generada por la pandemia y la necesidad de abordar reformas estructurales en el proceso de recuperación. La primera pregunta, ¿Qué hacen las Administraciones? En un estado moderno, democrático y del bienestar, las Administraciones gestionan directamente en torno a la mitad del PIB e influyen de manera indirecta, tanto mediante la regulación como mediante la supervisión, sobre la otra mitad. E igualmente, deben garantizar los derechos establecidos por las leyes y, entre ellos, la provisión de los servicios públicos. En sociedades de mercado como la nuestra, la administración coexiste con un sector privado en el que trabaja más del 70 % de la población activa, cuyos derechos también deben garantizar y a cuyas necesidades debe dar respuesta. Liderazgo.
La segunda ¿Cómo lo hacen? Se habla mucho sobre el tamaño del Estado y de sus Administraciones, pero la verdadera cuestión es si el Estado y sus Administraciones hacen lo que tienen que hacer y lo hacen de manera eficiente, que es la razón de su existencia. La respuesta: hay un amplio margen de mejora. En la actualidad, la administración mantiene, en general, una estructura de silos, vertical, propia del temprano SXX, cuando la mayoría de los problemas en la sociedad del SXXI solo pueden abordarse con un enfoque transversal y con orientado a resultados. Resultados que deben ser medidos y evaluados, con efectos positivos generados para la sociedad o sus grupos de interés, que aporte aprendizaje para la mejora e innovación permanente, y conectado con las oportunidades y utilidades que aportan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Y por último ¿con quién lo hace? La administración trabaja para la ciudadanía, pero bajo la orientación y la supervisión de los Gobiernos, y para ello, deben garantizar la profesionalidad, responsabilidad, neutralidad e imparcialidad de las personas que trabajan en ella. Pero, además de las personas y los recursos públicos, la administración debe aprovechar todo el talento, el conocimiento y la energía disponibles en la sociedad. Son muchos los objetivos en los que confluyen administración y empresas o las organizaciones privadas con fines sociales. Establecer una relación clara y transparente entre todas ellas es esencial. En un entorno complejo las relaciones exigen multilateralidad, y tener en cuenta a todos los agentes implicados y huir de la endogamia que caracteriza, en muchos casos, a las administraciones.
Para dar respuesta a estas preguntas, las 13 propuestas se agrupan en tres ámbitos conexos pero diferenciados: diseño institucional; organización y procesos; y empleo público. Propuestas que, para su ejecución, se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con las que se intenta poner el foco en la acción que debe seguir a toda reflexión. Por esto se trata de reformas que no requieren de cambios legislativos, o al menos, apenas, sólo intentar dar respuesta a tres preguntas que deberían hacerse todas las administraciones, qué hacen, cómo lo hacen y con quién lo hacen, y pasar a la acción, para alcanzar, al fin, una Administración del S XXI.