A vueltas con el CNI
YA dijimos aquí que las escuchas del CNI tenían su razón de ser, siempre y cuando cumplieran los cauces legales previstos. También que se debían investigar las circunstancias en las que han tenido lugar las que ahora van trascendiendo. Y que, en todo caso, se debía preservar la seguridad y la discreción que se le presupone a una entidad como el CNI. Pues bien, nada de esto está ocurriendo. Sin que se sepa aún a ciencia cierta quién escuchó a quién (con Marruecos e incluso Rusia de por medio), por qué motivo, en qué circunstancias, con qué autorizaciones, o cuándo se supo, se convoca una Comisión de Secretos Oficiales en la que se da cabida a quienes, obviamente, no están por la labor de preservar esos “secretos”.
Los independentistas no parecen querer esperar a que tengan lugar las investigaciones oportunas. El resto de la población española también demanda explicaciones, pero no a costa de poner en peligro la seguridad nacional, cuestionar sin más al CNI, o hacer el ridículo a nivel internacional. Sobre todo ahora, a las puertas de la cumbre de la OTAN. Las prisas no son buenas, pero el Gobierno parece tener excesiva prisa en satisfacer y acallar a los nacionalistas. Es una pena, pues dicha actitud no contenta a nadie.
La ex directora del CNI había sido aplaudida y defendida por la ministra de Defensa, al igual que por sus subordinados del CNI. Ahora se la toma como cabeza de turco, cesándola, sin ni siquiera con ello calmar a los secesionistas, que siempre van a querer más. Tampoco estamos satisfechos el resto de los ciudadanos, pues aún no se nos ha explicado qué es lo que hizo mal o en qué contravino la ley. La destituida es sustituida por otra mujer de la máxima confianza de Margarita Robles, con un perfil más político que profesional. Y esta decisión tampoco deja en buen lugar a la hasta ahora bien valorada ministra de Defensa. Si de lo que se trataba era de dar un golpe en la mesa, reivindicar su posición, su defensa de quienes velan por nuestra seguridad, y su apuesta por refrendar las actuaciones del CNI, no debió consentir un cese que aparenta injusto.
La imagen de Robles queda muy tocada, pues parece haber asumido un castigo por unas circunstancias y actos que todavía no se han demostrado como punibles. Si así fuese, ella misma debería asumir responsabilidades. En caso contrario, y de no haber nada censurable, entonces debería haberse mantenido firme en sus convicciones y en la defensa de sus subordinados, en lugar de cambiar una pieza por otra, de nuevo, de su máxima confianza.
Tenía, además, el apoyo de los partidos políticos constitucionalistas, de la opinión pública, e incluso de los barones socialistas. Más que suficiente para una persona de su trayectoria y credibilidad que, con este gesto, lejos de reforzar su posición, la debilita.