A vueltas con el poder judicial
EL ministro de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, vino a suscitar una nueva e innecesaria polémica respecto al tema del gobierno del Poder Judicial, al afirmar que los jueces no deben elegir a doce de los miembros de su Consejo General sino que, los mismos, han de seguir siendo elegidos por el Congreso de Diputados y por el Senado.
En el Diario Independiente del 9 de septiembre de 2021 le replica, con su habitual agudeza y buen tino, la periodista Victoria Prego, poniendo de relieve el debilitamiento para el actual Gobierno de PSOE-Podemos que supone las apreciaciones formuladas por su ministro de Presidencia.
Y es que resulta manifiesta la inconsistencia jurídico-constitucional de la argumentación sustentada por el Sr. Bolaños, si se tiene en cuenta que los propios órganos directivos –Mesas– del Congreso y del Senado son elegidos por los propios Diputados y Senadores quienes, a su vez, eligen en votación, teóricamente libre, al presidente del Gobierno.
Una cosa es que todo Gobierno, cualquiera que sea su ideología, tienda a ejercer un cierto e indisimulado predominio político sobre los otros Poderes del Estado, pero otra muy distinta y sumamente grave es que se ponga de relieve, tan indisimuladamente, en los términos que, en este caso, lo ha hecho el ministro Bolaños, perjudicando, claramente, al Gabinete que preside Pedro Sánchez, al que causa un notorio y manifiesto perjuicio.
Ahora bien, tampoco el PP puede presumir de haber defendido, en sus propios términos, la independencia del órgano de gobierno de los jueces, ya que, como apunta certeramente la señora Prego, tuvo dos ocasiones –años 2000 y 2011– en las que, con mayoría absoluta en las Cortes, pudo cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y no lo hizo.
En cualquier caso, el discurso pronunciado por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Sr. Lesmes, en el acto de apertura del año judicial 2021-2022, viene a constituir una seria y rotunda llamada de atención a los partidos políticos para que sepan respetar el mandato constitucional de total y absoluta independencia de los jueces y de su órgano de gobierno, poniéndolo en práctica ya, sin más demora, cuando se va camino de cumplir el tercer año de retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.