A vueltas con la pandemia
AL finalizar el estado de alarma, en reuniones masivas de jóvenes se hacía un canto a la libertad, como un derecho inalterable, con olvido ignorante del concepto de interés público, digno de ser protegido con restricciones excepcionales y temporales de aquella, en tiempos como los vividos.
Gritaron, cantaron, transgredieron las normas que siguen vigentes y despreciaron las más elementales normas de prudencia: insolidaridad despreciable en estado puro. En cierto modo, Gobierno del Estado y los de las CC.AA. han sido responsables de esa situación por el desconcierto que nos ha invadido a todos, la diversidad de normas, la dificultad para su interpretación, constantes modificaciones y contradicciones, ausencia una vigilancia efectiva y sanciones que se pierden por los vericuetos administrativos. No puede extrañarnos que grupos de irresponsables proclamen el “ancha es Castilla” y “hagan de su capa un sayo”.
Ahora, el fin del estado de alarma ha dejado al descubierto, una vez más, las vergüenzas del Estado de las autonomías, en forma de incoherencias, contradicciones y elusión de responsabilidades; nadie quiere adoptar medidas impopulares, prefieren que las tome “el otro” o “los otros”, ante las posibles consecuencias electorales.
Por un lado, las CC.AA. piden árnica al Gobierno del Estado, y este responde que tienen herramientas suficientes para afrontar la nueva situación. Los acuerdos que se adoptan entre CC.AA. y Gobierno no son respetados por algunos gobiernos autónomos, y se traslada, una vez más, la solución de un cuestión política a los TSJ y al Tribunal Supremo.
Las disfunciones son muchas, por lo que se impone –naturalmente, es mi opinión– una racionalización o armonización de las competencias de las CC.AA., que debería estar presidida por la claridad, la eficacia, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la igualdad de todos los españoles, al menos en aspectos tan básicos como la sanidad, la educación y la fiscalidad.
Para muchos españoles, supongo, este planteamiento es una evidencia; para otros, sobre todo para los políticos profesionales, es un problema que no existe, y miran para otro lado ante el temor a quedarse sin futuro.
Haría falta la altura de miras y el sentido común que tuvieron los políticos de hace 45 años, para poder alcanzar grandes acuerdos sobre esta materia y otras, al menos por parte de los dos grandes partidos nacionales. ¿O tendremos que aceptar el refrán popular, “lo imposible en vano se pide”?; mal futuro nos espera si el refrán tiene razón.