Administración y políticos
LA pandemia ha puesto al desnudo las limitaciones de nuestras administraciones públicas para responder a las necesidades de los ciudadanos. Una vez más hay que volver sobre uno de los grandes consensos de nuestro país: la Administración necesita ser reformada, consenso que nunca pasa de ser un titular. Tres apuntes pueden ilustrar, querido lector, las dimensiones del problema.
En los albores de nuestra democracia constitucional, un alto cargo recién llegado a un ministerio solicitó que eliminaran un tabique de su despacho. “No puede ser –le contestó un ujier–, porque ustedes vienen y se van, pero los tabiques se quedan”. La profecía se cumplió. La anécdota ilustra uno de los males de nuestra Administración: la cooptación política de los cargos y una carrera administrativa demasiado rígida para atraer y aprovechar personas con la formación y el talento suficientes. Con demasiada frecuencia, los altos cargos pasan en sus puestos el tiempo necesario para recibir una oferta del sector privado.
La obtención de los fondos europeos COVID-19 exige reformas de nuestro aparato administrativo para atender el mercado laboral. La cuantía de la indemnización por despido es un obstáculo a la contratación estable que deriva, en parte, de la dificultad de encontrar nuevos empleos, y esta es en buena medida consecuencia de la poca eficacia administrativa.
Un promotor se dirige a un Ayuntamiento con la idea de aprovechar un solar para instalar una empresa que daría servicio a varias instituciones colindantes, con el consiguiente ahorro de tiempo, energía y dinero. A los políticos locales, asesorados por los funcionarios, sencillamente, no les gusta la idea, y le sugieren al promotor que no presente una solicitud formal. El promotor sabe que la ley le daría la razón, pero también sabe que el amparo legal llegaría tarde pues la Administración juega con ventaja ante el funcionamiento de nuestros tribunales de Justicia.
Una acción de un poder del Estado puede verse anulada por una Administración deficiente o mal dispuesta. Pero mejorar su funcionamiento no es nada sencillo. Huyamos de la idea de emplear herramientas de gestión empresarial, porque múltiples intentos en ese sentido han quedado en agua de borrajas. Una dirección general, un ministerio no son una empresa.
Hablemos ahora de incentivos. ¿Quién tiene incentivos para emprender una reforma de la Administración? El ministro está en manos de su personal; sabe que los que salgan perdiendo con una reforma le harán la vida imposible, hasta el punto de que no podrá desempeñar su tarea. ¿Quién le va a agradecer que deje su ministerio mejor de lo que estaba cuando llegó?
La situación actual ofrece una gran oportunidad para cambiar. Desaparecidas oportunidades alternativas, el talento puede optar por la Administración pública; puede ayudar a su imprescindible digitalización, y puede aumentar enormemente su eficiencia. A ello puede ayudar el hecho de que el 30 % de los funcionarios se jubilen en los próximos diez años. Nada se hará, sin embargo, si no se sigue el asunto de cerca y si falta un amplio consenso en la sociedad.
Esa observación nos sitúa ante el verdadero núcleo de la cuestión. Contestemos honradamente una pregunta: ¿queremos una buena Administración? Enfrentado a una petición de aumento de salarios públicos, el presidente Reagan contestó que el talento no hacía falta en la Administración.
La tradición europea es distinta. Creemos que una buena Administración es indispensable. La característica esencial del buen servidor público –competencia y honestidad se dan por descontadas–, así como velar por el interés público. El francés Auguste Detoeuf decía: “El desinterés es la condición de supervivencia de nuestras sociedades. Es, por lo demás, lo que menos se encuentra en ellas”. No puede ser así en la Administración y los políticos que la dirigen al servicio de los intereses colectivos.