Armonización de competencias
LA situación sanitaria, social y económica que venimos soportando, ha puesto en evidencia la fragilidad de las costuras del sistema autonómico.
Al decretar el estado de alarma el Estado asumió las competencias en materia de sanidad; meses después las devolvió a los gobiernos autonómicos y, a partir de este momento, cada territorio establece sus propias normas, sin una coordinación eficaz.
Normas confusas y cambiantes; insuficiente control del cumplimiento de las medidas y sanción a los infractores; contradicción normativa entre comunidades. En resumen, medidas elaboradas por políticos y no por expertos.
Dada la facilidad para moverse de un lado a otro, y, por lo tanto, para transmitir el virus, las normas deberían ser uniformes para todo el territorio. Pero en las taifas intuyen el peligro que esta medida supone para sus intereses y, por un lado, se resisten a dejarse mandar, por otro, piden ayuda al Gobierno... y el Gobierno no quiere problemas.
A ello se añade el comportamiento irresponsable y egoísta de numerosos ciudadanos. Tampoco son ejemplares algunos ministros, políticos, próceres, famosos y famosillos, que asisten a eventos de todo tipo, en tropel, y sin un mínimo de prudencia, respeto y ejemplaridad. Recuerden los ejemplos de la presidenta balear, el incumplimiento del confinamiento de la ministra Celaá y Pablo Iglesias, y el botellón finolis de Pedro Jota con la crema madrileña.
Es un hecho real que el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos tiene efectos beneficiosos, así lo demuestran trabajos de expertos en educación y sanidad, pero hay que poner orden en el desorden.
El desmantelamiento del régimen autonómico es imposible: porque los políticos serían los principales perdedores; ningún partido defiende con credibilidad su supresión, desde que en las últimas elecciones andaluzas Vox y PP renunciaran a devolver al Estado las competencias de sanidad y educación; finalmente, porque presenta ciertas ventajas que no se pueden negar.
Un buen número de españoles ha percibido, en esta situación de emergencia nacional, que el régimen autonómico actual es insostenible y resulta imprescindible armonizar la gestión de las competencias en las diferentes comunidades autónomas, sobre todo en cuanto a los servicios de sanidad y educación.
Quienes no se han enterado han sido los políticos y los llamados analistas, que no dedican un minuto a discutir la conveniencia de armonización del régimen autonómico, dando la impresión de que existe un pacto de silencio sobre el tema.