Así no se va a poder
PARECE que ya casi todos estamos de acuerdo en que a la Constitución Española le vendrían bien unos cuantos cambios. Yo propongo prestarle atención preferente a los que se refiriesen al desarrollo del Estado de las Autonomías, empezando por dar personalidad expresa a las comunidades, con sus propias denominaciones, en el texto constitucional.
Luego, en este mismo punto, y que me perdonen los municipalistas, yo cambiaría el orden en que se expresa la organización territorial del Estado, empezando por la Administración autonómica, antes que la local, porque eso ya tiene más que ver con la realidad política actual de España, más allá de su gestación.
En segundo lugar, deberíamos afrontar la manida reforma del Senado, de la que tanto se habla, pero de la que nunca se dice nada concreto. Yo empezaría por modificar –y reducir– de manera radical su condición de Cámara de segunda lectura legislativa, más en coherencia, si es que debiese seguir ejerciéndola, con una nueva composición, que debería estar más vinculada a la estructura autonómica que a la representatividad derivada de las elecciones generales.
Quizá los miembros del Senado de España deberían ser los propios de los gobiernos autonómicos, sin senadores electos, en busca de su plasmación más estricta como Cámara de Representación Territorial que, desde luego, para eso debería tener más origen en los procesos electorales regionales que en el general.
En tercer lugar, me gustaría que se pudiese avanzar algo más en la propia descentralización de competencias, incluidas las de financiación de las comunidades autónomas, en una dirección que nada tiene que ver a día de hoy con lo que Manuel Fraga definió como “administración única”, pero que debería tender a que se clarificasen –y homogeneizasen– más las responsabilidades de los gobiernos autonómicos, sin el parapeto estatal tras el que tanto les gusta ampararse, pero que las minusvalora.
Por último, para hoy, habiendo aprendido lo que espero que hayamos aprendido con esta maldita pandemia, quizá se pudiesen establecer también en la Constitución los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad de todos juntos, Estado y comunidades, en casos de emergencia nacional o interés general.
Habría más cosas, pero podemos ir por partes. Todo eso, sin embargo, puede que no sea posible, habida cuenta de la clara incapacidad para el consenso –en esto, absolutamente inexcusable– que se pone de manifiesto en este maldito momento de España, en el que están enfangados tanto los que se acomodan al régimen constitucional como los que no.