Consenso sin consenso
SI lo importante es saber lo que es importante estamos perdidos y navegamos con viento a favor para seguir sin saberlo. Ya no es cuestión de hablar de la deuda pública en España. Debemos, seguimos debiendo y no parece que haya posibilidades de pagar. En 1976 alcanzamos el mínimo histórico del 7,3 % y hoy la deuda pública es del 110,2 % del PIB, según el Banco de España. Visto el tratamiento de las cifras en nuestro país podemos dejarnos pensar que seguramente será más.
Estamos entre los países con más deuda del mundo; pero la urgencia de aprobar los Presupuestos Generales del Estado impide ver las realidades que mueven lo importante y tenemos a Arnaldo Otegi hablando de derechos para la gente y que el apoyo a los presupuestos es para democratizar España.
Baja la gráfica del COVID y sigue en alza la evolución de la deuda pública. Tal es esta que hablamos de más de un millón trescientos ocho mil cuatrocientos treinta y nueve millones de euros. Debería de preocuparnos a todos; pero como no hay cultura de consensuar tampoco va a extenderse al terreno de la política económica.
Un voto más que la mayoría absoluta ha conseguido la ley Celaá, una ley que se intentará que no afecte a Euskadi, donde en los últimos siete años el incremento en la red concertada ha sido el triple que la registrada en la red pública. Euskadi es, con el 8 %, la comunidad autónoma con el índice de abandono escolar más bajo del país.
La nueva norma de educación viene a demostrar, una vez más, que lo prioritario no se caracteriza por el consenso. Esta ley no consigue armonizar enseñanza concertada con enseñanza pública y es la octava regla de educación en 40 años. Única, pública y laica denunciaban los cláxones mostrando la controversia.
La ley Celaá se considera una amenaza a la escuela concertada, que atenta contra la libertad para escoger el centro, que acabará con los centros de educación especial y que hace que el castellano deje de ser la lengua que sirva de comunicación común en la enseñanza para incluir a las lenguas cooficiales. Un apartado este último que lleva aparejado un futuro independentista.
El sentido común indica que toda posibilidad de igualdad en la enseñanza es lo más desigual, y que el hecho de que la lengua oficial no sea la vehicular ya es incoherente; pero más lo es conceder derechos a los territorios por encima de los ciudadanos.
La Academia Norteamericana de la Lengua se ha unido a la Real Academia Española contra la ley Celaá. Esta academia considera que afecta a España pero también a los casi seiscientos millones de personas que compartimos una lengua universal.
Una perspectiva académica abierta a conocer otras lenguas; pero también a defender un patrimonio universal, llevarlo y desarrollarlo en la cultura y la sociedad. Un consenso sin consenso parece indicarnos que no hay que limitarse a hacer leyes sino a preocuparse por crear hábitos de concordia que, a ser posible, supongan también consentimiento por parte de los ciudadanos.