Covid-19, moscas a cañonazos
POR extraño que parezca, es –o debiera– desde el mayor compromiso y confianza en las bondades de un Estado con numerosas parcelas de autoridad cedidas en favor de las autonomías desde donde habría que apuntalar la necesaria repensada competencial, ahora que cuarenta años de funcionamiento han aportado ya tanto a la abundante jurisprudencia vertida sobre los problemas competenciales por parte del Tribunal Constitucional, como la no menor doctrina judicial que emana de los conflictos llegados al Tribunal Supremo en la pugna Gobierno-autonomías y que constituyen, en su conjunto, un exhaustivo corpus que posibilita la más adecuada corrección de las lagunas detectadas.
Sabemos, por repetírnoslo sus más directos sufridores, que no son ni las especificidades legales –tantas veces contrapuestas– ni otras tantas derivas burocráticas de cada autonomía el mejor caldo de cultivo para propiciar la atracción de inversiones foráneas, tan reacio como es todo capital a marcos jurídicos de dudosa efectividad o a negociar en diecisiete ventanillas la radicación de cualquier multinacional.
Tampoco un sistema educativo que todo lo fía al variopinto capricho de las distintas autonomías parece el mejor modo de cohesionar en los valores del conocimiento y la excelencia –desde un mínimo común exigible– a las actuales generaciones de estudiantes, como bien ponen de manifiesto los sucesivos informes Pisa al señalar las profundas diferencias existentes entre alumnos de distintas regiones.
Pero ha sido el covid-19 y la inhibición del Gobierno central en asumir sus responsabilidades lo que ha propiciado por parte de las autonomías distintas tomas de decisión muchas veces divergentes entre sí, incluso en regiones que comparten fronteras, de modo que la movilidad permitida en una repercute en la de al lado.
Fiarlo todo al orden público, ayunos de una norma sanitaria basada en criterios científicos, supone el más manifiesto fracaso, con el peso que ello supone en el disfrute de las propias libertades. Porque pese a haberlo prometido cuando la tragedia desbordó las previsiones del Gobierno en la primera oleada; ahora, medio año después, seguimos faltos de esa ley sanitaria de rango orgánico que posibilite medidas efectivas en temas de salud y, más que eso, arbitre modos que no supongan matar moscas a cañonazos, como lo son los estados de alarma y toques de queda, utilizados torticeramente por un Gobierno sobrepasado.
Cierto que es un riesgo poner en manos de este Ejecutivo ineficaz la responsabilidad de enfrentarse a la pandemia, dadas las inhibiciones demostradas; pero es responsabilidad de las Cortes que el texto legal salga con los suficientes mecanismos de control que impida dichas improvisaciones.
No es más efectivo, desde una democracia formal, un Estado de las autonomías que dispersa responsabilidades que precisarían –como la República hizo con la Educación– de planteamientos unívocos antes que –si se quiere– un sistema federal que aplique la racionalidad y el sentido común al inhibirse en competencias cuya parcelación llevan al caos que suponen 17 sanidades, educaciones o mercados. Y eso se paga. En libertades y progreso.
Mantenernos en el desbarajuste actual es un peligroso modo de seguir alimentando criterios involucionistas de inciertas consecuencias democráticas.