Covid; políticos, a su guerra
EN el dilema de qué anteponer –salud o economía– a causa del Covid-19, las autoridades optaron por la salud con la adopción de drásticas medidas que conculcaban derechos fundamentales. ¿Resultado? No se solucionó el problema sanitario y la economía prosigue imparable hasta cotas imprevisibles de pobreza y paro. ¿Qué pasó para que tal anteposición se haya mostrado a la postre negativa para ambas?
Lo acontecido estos días en Madrid ayuda a entrever las causas del estrepitoso fracaso a la hora de luchar contra ese intempestivo y desconocido coronavirus. Porque en un erróneo cálculo de consecuencias, la política ha decidido continuar a lo suyo. Lo avisaron los científicos –enero y febrero– con antelación suficiente para aminorar el desastre además de recomendar la utilización de centenares de laboratorios de investigación para pruebas de diagnóstico. Nadie les hizo caso.
Además, la aceleración de la pandemia por encima de toda previsión pronto dejó aflorar las carencias que en materia sanitaria ofrece España, tan limitadamente ajustadas al funcionamiento ordinario como incapaces se mostraron de poder atender a las condiciones de excepcionalidad del Covid-19. Y los visionarios de La Moncloa aún se plantean gravar el IVA de la sanidad privada para que el colapso sea total. ¡Iluminados!
Se tomó la amenaza tan a la ligera y el respeto a la ciudadanía tan a chirigota hasta el punto de fundamentar todas las decisiones en un comité de expertos ¡que nunca existió!
Lo pone de manifiesto el disparate de las medidas acordadas, tan restrictivas en bares o restaurantes como tolerantes al permitir la masificación de los transportes públicos o desechar los aconsejables controles en aeropuertos y otros lugares de entrada de foráneos.
Las contradicciones sobre usos y prevenciones adoptadas –mascarillas no pero sí, controles sí pero no– que reflejan tanto la incapacidad para dotarse de los materiales necesarios como, acaso más grave, mostrar la pura y simple negligencia operativa o el torticero aprovechamiento para enriquecer bolsillos amigos con disparatadas y millonarias compras de productos inservibles.
Lo apuntala la nefasta actuación legislativa, tan volcada en planteamientos ideológicos de confrontación social como alejada de las urgencias que la pandemia demandaba, como Pedro Sánchez anunció desde la tribuna del Congreso ¡En mayo! Es ahora, cinco meses después, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lamenta que no se hubiesen aprobado las leyes necesarias para habilitar las medidas coercitivas que exige la extensión de la pandemia. Y el presidente del Gobierno se cobra el cabreo por la decisión judicial abofeteando a cinco millones de madrileños con el estado de alarma.
Lo pone de manifiesto esa perversa prioridad de la ideología por encima de las necesidades, al despreciar la oferta de las Fuerzas Armadas a la hora de establecer rastreadores.
Lo evidencia el agigantado sector público, que lejos de ayudar al normal desarrollo de la sociedad en medio de la pandemia, se ha refugiado en las escusas del teletrabajo para colapsar aún más cuanto tiene que ver con la Administración, con las demoradas listas de espera y la consecuente ralentización de la desnortada burocracia oficial.
Eso sí, la clase política seguirá en el obsceno intento de sacar rentabilidades partidistas lanzándose los muertos a la cara mientras la ciudadanía se ahoga entre la letalidad del virus y el hundimiento de la economía.