Cultura, un Gobierno que legisle
LA ética debe ser compañera de la política, el mínimo exigible que garantice la responsabilidad y la honestidad en el desempeño público. En la antigua Grecia se cuestionaban si era mejor el gobierno de los hombres o el de las leyes. Las leyes son buenas siempre que los hombres las respeten y las apliquen. El político tiene la responsabilidad ética de legislar.
En el sector de la cultura necesitan leyes que ofrezcan soluciones a los grandes problemas que les asolan y que se hicieron más evidentes desde que la pandemia se instaló en nuestras vidas. En febrero de 2017, el Congreso creó una subcomisión parlamentaria para atender las demandas de los trabajadores de la cultura, de los creadores, de los artistas y de las empresas. Se pretendía poner a la cultura española a la altura de los países de nuestro entorno y se generó un movimiento de simpatía no sólo en los partidos políticos del arco parlamentario sino también en instituciones como el Defensor del Pueblo o en numerosos colectivos representativos del sector. Todos reconocimos que el modelo legislativo que teníamos no podía ofrecer respuestas a las necesidades específicas de los trabajadores, las empresas del sector cultural y las industrias técnicas que las apoyan.
Se formó una subcomisión modélica que trabajó duro, que sobre todo escuchó por primera vez a todos los implicados. Y tras casi dos años de intenso trabajo, conseguimos aprobar el Estatuto del Artista. Tuve el honor de estar en aquella subcomisión y recuerdo la ilusión y la alegría de todos los que la conformamos cuando sacamos adelante, por unanimidad y con un inolvidable espíritu de consenso, un total de 75 medidas concretas que iban a mejorar la vida de trabajadores y ayudar a la pervivencia de las empresas.
Desde aquello han pasado dos años y observo el presente con mucha decepción. De esas 75 medidas apenas se ha aplicado la que postulaba la rebaja del IVA, a pesar de que en el Real Decreto-Ley 26/2018 de 28 de diciembre, aprobado por unanimidad en el Parlamento, Sánchez se comprometía a regular la relación laboral especial de los artistas en un plazo máximo de seis meses.
Nada de eso ha ocurrido. Ni el desarrollo de las 75 medidas ni la regulación de la relación laboral especial. Y la pandemia llegó mientras unos miraban para otros y no se aplicaban las soluciones transversales que requiere el sector. Sin regulación laboral, sin acceso eficaz y posible a ayudas, entre una brutal pérdida de talento porque si no se puede trabajar la gente busca faena en otros ámbitos. Más del 30 % de los trabajadores de la cultura han dejado el sector desde el pasado mes de marzo. Es preciso legislar de inmediato para detener esta sangría.
El Gobierno tiene una pauta desde el año 2018, ha faltado a su compromiso. Debe ofrecer soluciones a partir de ese Estatuto, que es el de todos, abandonar la política de parcheo actual y aplicar medidas concretas y efectivas. La primera debe ser inmediata: prorrogar de manera indefinida la cobertura de subsidios a artistas en espectáculos públicos, una ayuda a la que primero se puso fecha de caducidad a final de año y a la que poco después, en un alarde de provisionalidad, se le dio vida un mes más hasta el 31 de enero.
La cultura se merece certezas, no interinidades ni falsas promesas. Y el Gobierno tiene no sólo el deber de desarrollar lo pactado sino el compromiso ético y político de hacerlo.