De fracaso en fracaso

CUANDO el año pasado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció importantes cambios en la política migratoria común, coincidiendo además con el incendio que arrasó el campo de Moria en Lesbos, parecía que la solidaridad daría un nuevo sentido central al proyecto más controvertido de los que han tenido que afrontar los Veintisiete en los últimos tiempos. Pero nada más lejos de la realidad.

Días después se hacían públicas unas medidas que volvían a poner el foco de la inversión en el control férreo de las fronteras y no en el desarrollo de los países de origen. Unas medidas que sustituyen las cuotas de acogida que estrepitosamente habían fracasado en 2016 por una acogida a la carta que para aquellos países que no están dispuestos a abrir las puertas a los refugiados puede ser sustituida por aportaciones económicas, bien sea para la reubicación en países vecinos o para la deportación de aquellos considerados como migrantes económicos. Deportaciones patrocinadas, lo llaman algunos ya.

La apuesta de Von der Leyen pasa por agilizar las situaciones de irregularidad, tanto si es para conceder la protección internacional como si es para expulsar a los migrantes, lo que, según denuncian las organizaciones humanitarias, se traduce en falta de garantías durante los procesos para determinar si una persona tiene derecho al asilo o no, ya que la propuesta es no dilatarlo más de cinco días desde que el migrante toca suelo europeo.

La reacción de España, uno de los principales afectados por la llegada de migrantes por vía marítima junto con Grecia e Italia, no se hizo esperar, pero fue tan ambigua como suele ser cuando se trata de ponerse en su sitio frente a la todopoderosa Europa. Si bien el Ejecutivo manifestó en su momento con la boca pequeña que el nuevo proyecto no se corresponde con las peticiones realizadas por los países del Sur, aseguró que lo estudiaría detenidamente.

Se puede vaticinar el fracaso que supondrá, como los hechos recientes demuestran. La Unión Europea continúa negando vías legales y seguras para las personas que se ven obligadas a huir de sus lugares de origen por culpa del hambre y la guerra mientras ofrece a los estados miembro quitarse de en medio el problema a base de talonario.