Derecho y pandemia

EL Derecho como institución para resolver los problemas sociales ha fracasado en la regulación de la covid-19. Además de cobrarse vidas y la ruina de muchos, esta maldita pandemia ha desgajado los mimbres del cesto que sostiene nuestro ordenamiento jurídico.

Un decreto inicial declarativo del estado de alarma por la extensión de la enfermedad, que presenta algún fleco de constitucionalidad, así como las variadas disposiciones administrativas de las comunidades autónomas en materia sanitaria, han hecho trizas a nuestro Derecho público.

Los responsables políticos actuaron, y siguen actuando, de manera desconcertante y caprichosa en el cumplimiento de su deber de aplicación de la ley. El Derecho no puede sustentarse, como advirtió Kelsen, sobre el postulado de “debes si quieres”, sencillamente porque entonces el derecho se disolvería.

Que no disponíamos de una legislación de Salud Pública acorde con las derivadas de la covid-19, es tan evidente como es que lo mismo sucede en cualquier otro sistema legal del mundo.

Que las leyes disponibles no contemplan los modos y las formas de realizar una agresión legítima a los derechos fundamentales, también es palmario. Que el único recurso constitucionalmente viable entonces para limitar derechos fundamentales y libertades públicas es una declaración del estado de alarma, es algo comúnmente aceptado por los operadores jurídicos.

Sin embargo, seguimos entretenidos, en algunos lugares más que en otros, en ejercicios de malabarismos normativos para luchar contra el coronavirus, que algún día serán arramblados por el Tribunal Constitucional.