Despoblación cultural

CUANDO ocho presidentes de comunidades autónomas, de partidos varios, se ponen de acuerdo en que el conjunto de España, en todos sus territorios, debiera asumir la problemática de la despoblación se está tratando un tema fundamental que, de un modo u otro, atañe a la generalidad. La despoblación no deja de ser una derivada de la marcha de las gentes a las ciudades más ricas, en busca de una vida que se supone mejor pero que deja atrás, entre otras cosas, el vacío, la ausencia y, en cierto modo, el olvido.

Con razón se ha aludido, en esa reunión en Compostela, a la problemática de una población envejecida y a la de una enseñanza que requiere impensables desplazamientos para todos aquellos que viven en urbes, con sus centros de formación a la vuelta de la esquina, pero la cuestión, si se valora en toda su crudeza, conlleva, además, aldeas abandonadas, villas en proceso de decadencia, campos dejados de trabajar, montes en los que, muchas veces, no se sabe ni a quien pertenecen y un patrimonio cultural en franco proceso de deterioro en esos lugares despoblados.

Los máximos responsables de las ocho comunidades autónomas, además del prioritario interés que, con toda la legitimidad, esgrimen en favor de aquella población que precisa más y mejores servicios, también ha de reivindicar que no cometamos el despilfarro de minorar lo que tenemos como un efecto derivado de ese abandono.

Una parte de Galicia, como de Castilla y León, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y La Rioja –bastante más de la mitad de la superficie de España– reclama un modo diferente de hacer, en el que las posibilidades de todo el país sean más igualitarias y que se frene, ya, esa despoblación que está siendo, también, cultural.