Disfunciones en el régimen autonómico
PROHIBIR, restringir, ordenar, vigilar, sancionar, son conceptos impopulares; sin embargo, en ocasiones, son necesarios para facilitar la convivencia y cohonestar el interés público y el privado, sobre todo, en una situación excepcional como la que estamos viviendo.
Ante la elección entre lo aconsejable-antipopular y las medias tintas, los dirigentes políticos suelen inclinarse por las segundas, porque siempre piensan en las próximas elecciones.
En el primer estado de alarma, el Gobierno optó por una medida contundente, asumir las competencias sanitarias de las comunidades autónomas; los resultados, aunque tardaron en llegar, fueron satisfactorios.
En la segunda fase, devolvió las competencias a las comunidades autónomas –que ya temían una usurpación de funciones y clamaban por recuperarlas–, hizo un remedo de coordinación y cada Gobierno autónomo adoptó sus medidas.
Somos muchos los españoles que pensamos que no hubo, ni hay, unidad, ni tampoco coordinación; el supuesto plan sobre la campaña de vacunación ha sido una muestra más; y en Navidad se recurrió a eufemismos como “los allegados” y a medidas difícilmente controlables.
La dificultad de vigilar las normas de movilidad, la falta real de vigilancia, la ¿indefinida? delimitación de competencias entre los diferentes cuerpos de seguridad a los que les corresponde esa vigilancia y la propuesta de sanción, así como el hecho de que las sanciones se pierdan por los vericuetos de la burocracia, nos han conducido a la situación actual.
Se echa de menos un sistema de sanciones basado en la inmediatez y en la relación directa entre el incumplimiento y sus consecuencias; debería imponerse a los transgresores sanciones relacionadas con el riesgo provocado, tales como: servicio de limpieza y lavandería en hospitales, traslado de enfermos o colaboración con los servicios funerarios.
Se recomienda –no se prohíbe–, y cuando se prohíbe, no se vigila; y cuando se vigila, no se sanciona con inmediatez. Entre tanto, el silencioso Juan Español, cumple y sufre las consecuencias de la insensatez y desvergüenza de una minoría, y por la actitud pusilánime de los gobernantes.
En resumen: entre todos la mataron y ella sola se murió. Se impone una discusión serena sobre las disfunciones del régimen autonómico, porque lo sufrimos todos. No se puede mantener el silencio sobre este tema durante más tiempo. Esta podría ser una de las lecciones positivas de las penalidades que sufren tantos españoles.