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AL HABLA

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA

186 años soportando lo que no podemos permitirnos

19.05.2019 
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TENEMOS pendiente de solucionar un problema que genera ineficiencias y costes al contribuyente. En el Título VIII de la Constitución española se define su organización territorial en municipios, provincias y comunidades autónomas. De las segundas nada prevé respecto de su gobierno y administración, debiendo estar a lo indicado por la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que las refiere a los partidos judiciales, otra de las excentricidades de la afrancesada reforma de Javier de Burgos allá por el 1833. Con razón Antolín Faraldo reivindicaba Galicia como provincia única y también Bóveda y Rajoy Leloup, al redactar el estatuto del 36, tuvieron a bien no reconocerlas explícitamente.

Así es que las diputaciones y partidos judiciales forman un cóctel anacrónico que, al modo de la democracia orgánica, no permite la elección directa de sus órganos de gobierno, sino de un modo perverso. No es un tema menor. Las cuatro gallegas gestionan un presupuesto global de unos 500 millones de euros, que en el caso de las provincias interiores incluso llega a superar el 1 % de su PIB. En el caso extremo de Ourense las administraciones locales emplean al 1,50 % de la población total, casi el doble de lo que se observa en Pontevedra.

Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, deben garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social. Pero lo cierto es que su éxito es relativo o inexistente. En el 84% de los municipios españoles su padrón de habitantes es menor de 5.000 habitantes, pero lo que es peor es que la media es de tan solo 837 habitantes y descendiendo. En Galicia los datos son menos negativos, el porcentaje baja al 64 % y el padrón medio a algo más de 2.000 habitantes. Si bien su distribución no es regular. Si en A Coruña o Pontevedra son minoritarios, tenemos un agujero negro en la provincia de Ourense con el 88% de microconcellos y solo uno, la capital, mayor de 20.000 habitantes.

Resulta más que evidente la inutilidad de gobiernos provinciales que en décadas no han impedido el despoblamiento, el peor PIB per cápita de Galicia o el desierto empresarial. El modelo debe cambiarse, pues estas instituciones no se justifican ni en términos económicos ni en términos democráticos. Sus competencias deben repartirse entre Xunta y concellos, que deben agruparse cuando no alcancen los 5.000 habitantes. Un ejemplo, la compostelana parroquia de Roxos, con sus 678 habitantes, tiene más población que 12 concellos gallegos. Un despropósito que 186 años después no nos lo podemos permitir.

Economista