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CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

Un 155 al revés

13.01.2019 
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ES es comprensible que se quiera disfrazar como mandato estatutario lo que es una decisión voluntaria del Gobierno. Hablamos de ese 18 por ciento de inversión que Pedro Sánchez reserva para Cataluña en los Presupuestos, y del argumento de que sólo se trata de cumplir lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Se cumple en efecto lo que decía el texto...antes de que el Tribunal Constitucional dictara una sentencia en la que se declara no vinculante la disposición adicional tercera en su primer apartado, que viene a estipular que la inversión en la comunidad tendrá que ser equivalente a la participación catalana en el PIB nacional.

¿Por qué no trasladar a los personal lo que los autores del Estatuto marcaban para lo territorial? Imaginemos una relación entre los contribuyentes y el Estado que siguiera el mismo criterio, de manera que Fulano o Zutano recibieran una inversión pública similar a la riqueza que aportan. En una situación así la idea de solidaridad quedaría en suspenso, y la propia necesidad del Estado sería cuestionable porque el ciudadano pudiente se las arreglaría por sí mismo y el menos afortunado tendría que resignarse, como sucedía en otros tiempos. ¿Para qué dar un rodeo mediante el pago de impuestos si se recibe lo mismo que se da? ¿Para qué pagar a la hacienda común si Cataluña o cualquier otra comunidad van a tener inversiones tasadas, en las que el Gobierno central no tiene intervención?

Lo que el Tribunal Constitucional declaró abolido es un precepto estatutario que introduce un concierto fiscal solapado. De haber prosperado el truco, el Gobierno central hubiera dejado de ser político para convertirse en un mero contable sin capacidad de decisión. Sin una reforma constitucional mediante, España se habría convertido en una confederación de vínculos bastante vagos que iría mucho más alla de los federalismos vigentes, dónde no rige semejante hipoteca de la administración central. En consecuencia Pedro Sánchez no está obligado por ningún Estatuto. El TC lo libera a él y a todos los presidentes de ese corsé presupuestario que quería establecer el Estatut. Este Gobierno y cualquier otro son libres para invertir en Cataluña el 18 por ciento, el 20 o el 15.

No hay que buscar disculpas estatutarias, sino obligaciones derivadas de la debilidad parlamentaria. La investidura tenía un precio y es lo que se está pagando con cargo al erario público. Se trata, sin embargo, de una transacción curiosa en la que nunca se sabe cuánto hay que pagar para que el beneficiario se sienta satisfecho y considere cancelada la deuda. Y desde luego resulta paradójico que se acepte una pauta que está reñida con los más elementales principios progresistas. Si es la riqueza y no la necesidad la que marca el gasto presupuestario el discurso solidario se agrieta. Si la rebelión o sedición tienen premio, el virus que surgió en Andalucía tiene un gran caldo de cultivo. No queda más remedio que preguntarse por qué somos deudores permanentes de esta gente. ¿El Gobierno o la Generalitat? ¿Quien aplica a quién el 155? ¿Cuál está de verdad intervenido? He ahí la cuestión.

Periodista