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CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

¿Con venda o sin ella?

08.11.2018 
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LA cuestión es si la diosa Justicia tiene o no venda en los ojos. No se trata solamente de algo estético, sino que va muchos más allá. La Justicia que actúa con venda se atiene a los hechos y aplica la ley, mientras que la desvelada da un paso más y valora las consecuencias de sus decisiones. ¿Con qué modelo nos quedamos? ¿Es preferible una Justicia impermeable a los efectos de sus sentencia, u otra que tenga en cuenta las secuelas? Cualquiera de las opciones tiene pros y contras. Así como la Justicia excesivamente fría puede acabar siendo perjudicial, otra demasiado preocupada por los efectos podría acabar retorciendo la legalidad hasta desfigurarla. No es una disyuntiva fácil.

Viene esto a propósito de la decisión del Supremo sobre las hipotecas. Algunos argumentos que se escuchan estos días se inclinan por ese modelo de Justicia con los ojos al descubierto que evalúan las consecuencias de sus actos. Así se nos dice que una postura diferente de los magistrados habría perjudicado a las haciendas autonómicas y de rebote a la banca. Incluso hay opiniones que se atreven a señalar que el asunto iba más allá de una simple consideración jurídica, dando a entender que el Supremo debió poner siempre en la balanza con la que solemos representar a la diosa, el impacto económico de sus conclusiones.

Admitámoslo. Los magistrados tenían que sopesar el descalabro de las economías regionales y los avisos bursátiles evitando el fiat iustitia ut pereat mundus. El problema es que un criterio similar tendría que utilizarse en otras situaciones recientes que dentro de poco serán juzgadas. Sí, el tema catalán. De acuerdo con el razonamiento que se está empleando con el impuesto de las hipotecas, lo esencial en el futuro proceso del siglo no es si hubo rebelión o sedición, sino cuál es la sentencia más apropiada para intentar resolver el problema planteado por el independentismo. No se trataría de pedir una sentencia justa, sino adecuada.

Con esta visión, el referéndum ilegal, la ilegal declaración de independencia y los disturbios consiguientes serían algo secundario frente al propósito de apaciguar los ánimos. Entre aplicar la ley e intentar calmar las aguas en Cataluña, habría que primar lo segundo. En consecuencia, Pedro Sánchez tendría razón al dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que fuese más benigna con los golpistas. No sería congruente criticarlo y al mismo tiempo aplaudir que el Supremo haya tomado en consideración los perjuicios de obligar a la banca a pagar el dichoso impuesto.

Tal vez el problema de fondo esté en trasladar al poder judicial responsabilidades del legislativo o el ejecutivo. Se está olvidando que el impuesto que se abona tras la firma de la hipoteca o la prohibición de referéndums de autodeterminación se establece en disposiciones que los magistrados no han elaborado, y que se pueden cambiar cuando el Gobierno, el Parlamento y la soberanía nacional quieran. Es lo que hizo ayer Sánchez. En todo caso hay argumentos que crean un precedente para dar paso a una Justicia simplemente utilitaria. ¿Es eso lo que se quiere? La cosa merece al menos una reflexión.

Periodista