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TRIBUNA LIBRE

En defensa del concurso específico y del cuerpo superior como gestores

31.07.2018 
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Recientemente hemos tenido conocimiento de la noticia de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dejado sin efecto un procedimiento de selección de candidatos para cubrir un puesto dentro de la institución de la valedora do Pobo.

Sin entrar a valorar el contenido de la referida sentencia, conviene aclarar, en primer lugar, que el procedimiento de selección llamado de libre designación es un procedimiento previsto legalmente y, como tal, ha sido y es utilizado de forma común y habitual por todo tipo de administraciones públicas, cualquiera que sea el color político de las fuerzas gobernantes y en cualquier circunscripción geográfica. Por tal motivo, el debate, a nuestro entender, no se debe centrar en si el uso de este procedimiento genera situaciones de endogamia y nepotismo ni deseamos dejarnos arrastrar por las corrientes de opinión que analizan el suceso en clave política, sino que como asociación profesional que lucha por la profesionalización y mejora de la Administración pública, queremos poner el foco sobre el hecho en sí mismo de cual consideramos que es la mejor forma de seleccionar a los funcionarios que administran nuestros bienes y servicios públicos y de cual creemos que es el perfil de empleado público más idóneo para ocupar aquellos puestos a los que les corresponden realizar tales funciones en la Administración Pública.

En el caso comentado, se ha decidido proveer mediante libre designación un puesto en el Valedor do Pobo y, a nuestro modo de ver, lo fundamental es asentar adecuadamente las bases en las que debe sustentarse la elección de la persona adecuada para ese puesto. No negamos, sino que defendemos el hecho de que, a determinados niveles, debe existir una confianza en quien vaya a desempeñar el puesto, pero esa confianza y esos niveles deben estar perfectamente definidos y ser parte de una cultura administrativa general que impida vaivenes que dificulten la estabilidad en la gestión diaria y en la defensa del interés público. El Estatuto Básico del Empleado Público ya señala que el camino a seguir es que la mayor parte de los puestos sean ocupados después de un concurso, lamentablemente la implantación de este sistema para los puestos de más nivel tiene un carácter muy residual en todo el Estado y en todas las instituciones.

En la selección de cualquier candidato debería primar la experiencia de gestión en puestos similares, la titulación, los conocimientos objetivos demostrados, en definitiva, los méritos objetivos de esa que tendría que acreditar un funcionario que pretendiese ser merecedor de ocupar dicha plaza. Entendemos que, por su propia naturaleza, para ocupar tales puestos como el comentado, debería constituir un requisito imprescindible que el funcionario que opte a ellos haya liderado, en algún momento de su carrera administrativa, un equipo, haya estado al frente de una organización, con todo lo que ello conlleva (gestión de recursos humanos, organización del trabajo, resolución de conflictos, toma de decisiones,...) en definitiva, que haya liderado personal y profesionalmente a un grupo de funcionarios estructurados a su cargo. En conclusión, deben primarse no sólo los conocimientos sino incluso más la experiencia, de manera que se elija al candidato cuya trayectoria profesional como gestor no deje lugar a dudas acerca de su capacidad para responsabilizarse del desempeño de las funciones que el puesto lleve aparejadas.

En este punto, estamos convencidos de que la mejor candidatura siempre correspondería a un empleado público del Cuerpo Superior de la Administración, requisito que concurría en la persona cuyo nombramiento fue finalmente anulado, pero no en alguno de los otros candidatos. El Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia está entre los cuerpos de mayor nivel de la Administración autonómica, y desde luego, es el más indicado para la gestión administrativa que demandaba el puesto ahora en tela de juicio. Sin duda esta situación se habría evitado de haberse puesto en marcha el concurso específico, en lugar de haber acudido a la libre designación. En este punto debemos hacer hincapié en que todos los sistemas tienen pros y contras, si bien, más allá de cuáles sean nuestras preferencias, como asociación lo que defendemos es que el sistema legalmente previsto sea puesto en práctica para mayor seguridad jurídica y garantía tanto de los funcionarios como, en consecuencia, de los ciudadanos, de modo que el concurso específico sea desarrollado en un breve espacio de tiempo, quedando la libre designación para aquellos casos debidamente justificados.

La Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia está a favor de que la selección del personal se realice por métodos y procedimientos más objetivos y claros, que permitan a cualquier persona que cumpla con los requisitos para la cobertura del puesto acceder al mismo, se llame como se llame y al margen de quien selecciona. Nuestro objetivo siempre ha sido que la Administración pública gallega sea mejor y más eficiente, y la modernización en la selección de las personas que ocupan los puestos clave en la gestión de lo público, debe ser una prioridad para todos.

Junta directiva de la Asociación de Funcionarios do Corpo Superior da Xunta de Galicia