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El Correo Gallego

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AL HABLA

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA

Dos años del primer 'bail in'

20.06.2019 
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ERA un miércoles en el que de no haberse adoptado la decisión, las oficinas del quinto grupo bancario español no habrían podido atender las retiradas de depósitos de sus clientes. A primera hora de la mañana el Banco Santander anunciaba que había comprado Banco Popular por un euro, tras haber sido intervenido por decisión de la Junta Europea de Resolución (JUR). Al contrario de lo dicho por Kafka, no se reflexionó ni serena ni muy serenamente, fue mejor tomar decisiones desesperadas.

Como la pasada crisis financiera había supuesto un coste para los contribuyentes españoles de unos 65.000 millones de euros, en el entorno del 5 % del PIB español de 2018 y con el objetivo de que la historia no se repitiese, la UE promulgó la Directiva 2014/59/UE, por la que se establecía un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito, reconociendo en su exposición de motivos que la crisis financiera puso de manifiesto la falta de instrumentos adecuados para hacer frente de manera eficaz a los problemas de solvencia, obligando a los estados miembros a rescatarlas con dinero de los contribuyentes.

La Directiva establecía que, ante una entidad financiera en crisis de solvencia, se podían adoptar dos tipos de medidas para su rescate. Uno más costoso para el contribuyente, el bail out o rescate externo, el aplicado recurrentemente tras la crisis, como son los casos de Bankia, Catalunya Bank, CAM o NCG Banco. El otro se denominó bail in o rescate interno, en el que se trasladaba, por este orden, a los accionistas, tenedores de títulos subordinados, titulares de bonos sénior y a los depositantes por las cuantías no cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, el coste del rescate. Solo en el supuesto de que las aportaciones de estos cuatro grupos no fueran suficientes, se procedería a la inyección de fondos públicos.

El bail in fue el procedimiento al que en junio de 2017, hace ahora dos años, se recurrió por primera vez en el sistema financiero español para el rescate de Banco Popular. Se ahorraron unos 20.000 millones de euros al contribuyente, pero perjudicando a cientos de miles de pequeños accionistas que, de buena fe, habían acudido a las macroampliaciones de capital de 2012 y 2016.

Por el contrario, otra entidad en situación similar, el italiano Monte dei Paschi di Siena, en el mismo mes fue rescatado con fondos públicos por un importe de 3.900 millones de euros y la capitalización de los tenedores de bonos, que convirtieron obligatoriamente sus bonos en acciones. Decía Harry Truman que una vez tomada la decisión, no nos preocupemos por ella después. Pues en este caso no, que la JUR nos diga porqué Popular sí y Monte dei Paschi no.

Economista