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FERNANDO LUSSÓN

Al enemigo, ni agua

15.03.2019 
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EN el amor como en la guerra todo está permitido, y como la política es la continuación de la guerra por otros medios -versión de Michel Foucault del aforismo de Clausewitz- todos los partidos tratan de utilizar todas las armas a su alcance para doblegar al adversario, el Gobierno mediante los viernes sociales y los decretos para mejorar la vida de los ciudadanos, y los partido de la oposición, PP y Ciudadanos, tratando de entorpecer su tramitación mediante la imposición de su mayoría en la Mesa del Congreso. El enfrentamiento es más virulento si se trata de un periodo preelectoral en el que todo vale para acopiar votos.

Por lo pronto, las diputaciones permanentes del Congreso y del Senado asumen todas las capacidades en plenitud que tienen esos órganos legislativos, y es en ellos donde se establecerá el debate de los proyectos remitidos por el Gobierno, con fechas tasadas y procedimientos establecidos para su debate y discusión.

Que el Gobierno tiene la obligación de legislar sobre las materias que considere oportunas porque no se encuentra en funciones, lo que ocurre tras las elecciones y tiene la obligación de gobernar ha sido validado por la Junta Electoral Central ante la que recurrieron PP y Ciudadanos por considerar que realizaba una utilización partidista de la mesa del Consejo de Ministros y que todos los ciudadanos estaban pagando su campaña electoral. Perdieron la reclamación.

Cierto que el Ejecutivo hace un uso abusivo del real decreto pensado para abordar asuntos de urgencia y excepcionalidad, pero los que están en debate y sobre los que se cuestiona el procedimiento parece que si tienen ese carácter, al menos para aquellos que resultan afectados. Tener preparada la respuesta ante la contingencia del brexit con o sin acuerdo cuando quedan dos semanas para su aplicación parece una urgente necesidad. Lo mismo que tratar de frenar el hinchado de la burbuja del alquiler. ¿O qué decir de la ampliación de las ayudas a los mayores de 52 años, los más afectados por el paro de larga duración?

Y otro tanto se puede decir de la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas para los hombres y que ha sido puesto en cuestión por la oposición por supuesta inconstitucionalidad, que el Gobierno niega porque no afecta a asuntos orgánicos. En primera instancias serán los servicios jurídicos del Congreso quienes establezcan la primera cortapisa al debate de esta iniciativa, si llega el caso.

Pablo Casado ha decido recurrir al TC los reales decretos de los "viernes sociales". La virtualidad de la iniciativa puede ser escasa dado el tiempo que tarda el TC en resolver los asuntos, aunque quien venga detrás ya sabrá a qué atenerse. Recuérdese que Rajoy ha recibido tres reprimendas del Alto Tribunal por no someterse a las sesiones de control e impedir el debate sobre dos iniciativas sociales del PSOE y Podemos. Cuando ya no estaba en el Gobierno. En fin, al enemigo, ni agua es la norma de todos.

Periodista