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CARLOS LUIS RODRÍGUEZ

Ni gracia ni justicia

14.08.2019 
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RESUMIENDO mucho, estar en funciones le impide a un Gobierno ser gracioso en los dos sentido de la palabra gracia. De acuerdo con la Constitución y la ley está inhabilitado para adoptar decisiones graciosas, es decir, aquellas que dependen de su voluntad. Sólo tras la investidura podríamos hablar del Gracioso Gobierno, igual que nos referimos a Su Graciosa Majestad, pero mientras tanto el presidente y sus ministros tienen la obligación de que la Administración funcione pues lo contrario sería castigar a los ciudadanos y contribuyentes por una tardanza política de la que no tienen culpa, los pobres.

Establecido el principio sólo queda aclarar si los 700 millones cuya devolución reclama la Xunta y otros dineros que exigen otras autonomías, son graciosos o no. ¿Los da el Gobierno sólo si le apetece de la misma forma que se hace un donativo, o se trata por el contrario de algo reglado, estipulado y previsto? De algunas declaraciones se deduce que esas partidas vendrían a ser algo así como un premio a cambio de la investidura del aspirante socialista. De acuerdo con ese razonamiento las pensiones, por ejemplo, o la nómina de los funcionarios también dependerían del desenlace positivo de la crisis de gobernabilidad.

Disculpen si estamos dando ideas malévolas; tan desbordada está la imaginación política que no sería extraño que algún ministro o ministra hiciera con pensionistas y empleados públicos lo mismo que con las autonomías, convirtiéndolos en rehenes que sólo cobrarían a cambio de la investidura y que estarían obligados a clamar ante Iglesias, Rivera y Casado para que cambiaran de opinión y aceptaran, por activa o pasiva, a Pedro Sanchez. Parece evidente, en fin, que tanto las pensiones como las pagas funcionariales, como los 700 millones, no forman parte de la política graciosa sino del funcionamiento normal del Estado.

Por no salir de los dineros autonómicos, nada tienen que ver esos cuartos que se adeudan a Galicia con los que se utilizan para conseguir apoyos en el Parlamento. Igual que ustedes, estamos pensando en ese sempiterno cobrador del frac tocado con txapela que se llama PNV. El botín que obtiene de socialistas y populares en fechas parlamentarias señaladas es, políticamente hablando, dinero B en tanto que el que reclaman la Xunta y otras autonomías es transparente y goza de trazabilidad. Los recursos que sirven para engrasar una investidura encajan en lo que llamamos gracioso, y por lo tanto no debieran ser usados o comprometidos por un Gobierno en funciones; los famosos 700 son otra cosa muy diferente.

Tampoco es acorde con las buenas costumbres que un Gobierno en funciones sea gracioso en la segunda acepción del término. No se puede exigir que sus ministros ingresen en un monasterio mientras no se despeje la incógnita de su futuro, pero entre eso y hacer una gira graciosa en la que no se distingue lo institucional de lo partidario, hay un gran trecho. Quienes están en funciones no cumplen con el deber de que el Estado Autonómico siga funcionando y en cambio aprovechan el paréntesis para hacer campaña promocional. No tiene gracia.

Periodista