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a son de mar

JUAN SALGADO

Iniciativa pionera en el rural gallego

17.06.2019 
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CUANDO en los próximos meses el Banco de Santander dé por culminado el ERE que se propone en toda España y para más de 3.200 empleados, Galicia contará con 135 oficinas bancarias menos y cerca de trescientos trabajadores acogidos a las pactadas prejubilaciones. La provincia de A Coruña, con el cierre de 64 sucursales, será la tercera en la que el banco aplicará la mayor criba, tras Madrid y Barcelona.

Es difícil, por el momento, determinar con estos anunciados cierres cuántos nuevos municipios gallegos se sumarán a los 41 que ahora mismo carecen de sucursal crediticia. Lo que sí se sabe es que en la década actual, desde 2010, Galicia perdió un total de 915 oficinas, hasta las 1.500 actuales (un 37,9% menos), mientras que el número de empleos perdidos suma 4.490, para quedar en los 8.528 de la actualidad (34% de caída). Descenso que ha tenido su mayor incidencia en la Galicia rural y que continuará en un futuro anunciado de concentración bancaria.

Para contrarrestar esta negativa noticia, la Xunta aprobó en su Consello del pasado jueves y para estos municipios sin banco el establecimiento de cajeros automáticos donde poder cumplimentar la retirada y depósito de dinero, actualizar la libreta de ahorros o realizar pagos, además de garantizar asistencia presencial para resolver las dudas de los clientes e introducirlos en las ventajas de la banca electrónica.

Desde estas líneas se ha insistido hasta la saciedad que el repunte del rural gallego y del grave problema demográfico que padece debe pasar ineludiblemente por un gran pacto político de todas las fuerzas parlamentarias que aborde el tema en toda su amplitud, desde la transversalidad que va de las atenciones financieras a las comerciales, de las sanitarias a las administrativas, de las habitacionales a las de ocio. Ese plan sigue esperando pero no cabe duda de que medidas como la aprobada por el Gobierno gallego el jueves inciden en esas atenciones a la calidad de vida del rural.

Lástima que el anuncio sea tan sólo un pequeño grano de arena en un desierto en el que la consellería del ramo, centrada en matar moscas a cañonazos, sigue obsesionada con insuflar más dinero en la lucha contra el fuego que en tareas de prevención, que quiere convencer desde la amenaza -convirtiendo todo el rural en un Gran Hermano, denuncias anónimas incluidas- antes que desde la persuasión, dejando a los labradores y ganaderos a su albedrío a la hora de buscarse sus propias iniciativas. Una Administración que sigue sin abordar las políticas imprescindibles a medio y largo plazo -del nefasto catastro a las deficientes estadísticas, desde una deficiente programación educativa al debido aprovechamiento de las oficinas agrarias- para el eficaz repunte de la economía agraria.

Tampoco ayudan otras políticas autonómicas, tal que las relacionadas con la rehabilitación, la inspección inmobiliaria o las propias ayudas programadas, propuestas que o bien chocan con una burocracia que hace inútil todo propósito de beneficiarse de éllas o se venden desde la amenaza de elevadas sanciones, en un espíritu inquisidor y recaudatorio digno de mejor causa.

Ello no obsta para que la medida del jueves sea, además de pionera en España, esencial para Galicia.

jsalgado@telefonica.net