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tribuna libre

JAIME CONCHEIRO DEL RÍO

La perspectiva de género llega al urbanismo

15.03.2019 
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LA Constitución Española proclama la igualdad como uno de los pilares fundamentales, junto con la libertad, la justicia y el liberalismo político. Principios sobre los que se asienta nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Sin embargo, la igualdad real entre hombres y mujeres aún no ha calado suficientemente en nuestro ordenamiento, a pesar de los grandes avances conseguidos en diversos ámbitos.

En el ámbito urbanístico, cuando se aborda esta disciplina con una perspectiva de género, el modelo de ciudad cambia completamente, tanto en el nivel de planificación como de ejecución. Siguiendo los dictados constitucionales la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, consagró la obligación de ponderar las necesidades de los distintos grupos sociales y el acervo igualitario a los diversos servicios e infraestructuras urbanas.

El ley de suelo de 2015 menciona la perspectiva de género en el ámbito urbanístico (art. 2). De manera específica, en el art. 20, se hace un llamamiento a la ordenación territorial y urbanística, y a las administraciones local y autonómica, que deberán atender, en la ordenación de los usos del suelo, a los principios, entre otros, igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta ley ha venido a convertir la sostenibilidad en un auténtico deber legal que condiciona el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas.

Con anterioridad a la ley del suelo se han limitado a prever la evaluación de impacto de género en diversas legislaciones autonómicas, en este sentido se manifiestan, por ejemplo, la ley andaluza que obliga a incorporar esta evaluación en todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno. En términos similares se expresan otras legislaciones autonómicas como la gallega. No obstante, estas legislaciones autonómicas no se refieren expresamente al ámbito urbanístico, sino que lo hacen con carácter general. Esta normativa ha adquirido una gran importancia merced a dos sentencias del Tribunal Supremo de 2015, por las que se declaró la nulidad de un Plan de Ordenación del Territorio aprobado por la Junta de Andalucía por carecer del informe del impacto de género, viniendo a consagrar la equiparación del planeamiento urbanístico a las disposiciones reglamentarias.

La primera ley de suelo que recoge medidas concretas sobre perspectiva de género es la Extremeña de 21 de diciembre de 2018. Esta ley establece los criterios de ordenación sostenible (art. 10), que constituye la piedra angular sobre las que se apoya la auténtica sostenibilidad del planeamiento, estableciendo, entre otros criterios, los relativos a la perspectiva de género de los que cabe destacar la exigencia de que los instrumentos de ordenación deberán incorporar en su análisis la perspectiva de género.

A estos efectos se incluirá el denominado mapa de riesgos para el urbanismo con la localización de puntos, zonas e itinerarios considerados como negros para las mujeres en una propuesta de medidas para su corrección. Asimismo, las determinaciones de los planes y ordenación urbana fomentarán el libre movimiento de las personas mediante el diseño de conexiones y espacios seguros. Destacaremos además, que el estudio de movilidad deberá incluir planos y detalles con trayectos y conexiones a las principales dotaciones, entre ellas centros docentes y asistenciales.

Desde el punto de vista de la seguridad de las mujeres, este problema no se resuelve solo con un planeamiento urbanístico en sintonía con el género, pero debido a la capacidad que tiene de condicionar la vida de los sujetos, constituye una pieza clave del cambio hacia patrones de calidad de vida más igualitarios y satisfactorios para todos. Por ello sería deseable seguir el camino iniciado por la ley del suelo de Extremadura.

Registrador de la propiedad jubilado