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JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA

El coche no paga lo que contamina

31.01.2020 
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La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental establece el principio de "quien contamina paga". El que cause daños medioambientales, además de ser responsable de los mismos, debe sufragar las medidas preventivas o reparadoras del daño. Como consecuencia de que, de las treinta plantas industriales más contaminantes en Europa veintidós sean centrales térmicas, próximamente cerrarán varias de las alimentadas con carbón para eludir el pago de elevadas compensaciones, lo que permitirá reducir en millones de toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera. Probable- mente esta medida implique que el parque automovilístico pase ocupar el liderazgo en las emisiones contaminantes, pero contraviniendo el principio antes referido.

En el caso de los automóviles se incumple porque en la actualidad solo el impuesto de matriculación, que se abona con el precio de compra del vehículo nuevo, penaliza los de mayores emisiones contaminantes, gravándolos con tipos que van del 4,75 al 14,75%, como máximo, para los que emitan más de 200 g/km de CO2. Los demás gravámenes fiscales que afectan al sector no discriminan en favor de los autos más limpios, a diferencia de algunos países europeos, como Dinamarca, Holanda o Portugal, que los penalizan por una triple vía: al comprarlos, al circular y al llenar su depósito.

Debe reformarse la fiscalidad verde del coche, reorientándola de una base impositiva establecida en función de, su precio de venta, a sus emisiones, para favorecer, como en el resto de Europa, los menos contaminantes e, incluso, que los que más contaminen paguen un sobreprecio que permita reducir el de aquellos más eficientes en términos ambientales. Tomar como referencia las cuatro categorías de la etiqueta medioambiental podría ser una solución, estableciendo un máximo en el precio del coche para no perjudicar a las rentas más bajas.

Además, también deberían penalizarse las segundas transmisiones, o las importaciones, de usados de los vehículos más contaminantes. Es el caso del SUV más lujoso que superando los 300 gr/km de emisiones se puede comprar en la actualidad, incluso, por menos de diez mil euros. No parece equitativo que tenga el mismo tratamiento que el resto, quizás debiendo establecerse una penalización al nuevo propietario, lo que les restará atractivo y contribuirá a reducir su presencia en las calles.

Pero donde se manifiesta plenamente la incongruencia del sistema actual es en el tratamiento del impuesto de circulación, en el que la base impositiva depende de la potencia del vehículo medida en caballos fiscales, penalizando a los diésel respecto a los de gasolina pese a anotar menores emisiones los primeros. También en este caso debería tributar en función de su etiqueta medioambiental, determinando un mínimo a cualquier coche y elevando hasta los 600 euros la cuota anual de los más contaminantes, como así procede ya algún país europeo.

Una reforma de la fiscalidad de la automoción como la apuntada, permitiría contribuir al objetivo de reducir las emisiones contaminantes y respetar el principio al que la Directiva de la UE obliga, impidiendo que el coche que contamine no pague.

Economista