Violencia de género ¿debates estériles?
A LAS autoridades gallegas les gusta transmitir la idea de una Galicia blindada de la conflictividad que se observa allá afuera, sobre todo en relación a lo que se vive en Cataluña. Pero la pretensión de aislamiento no puede ser eterna. Nuestro Parlamento no pudo abstraerse de un debate sobre la violencia de género que, a punta del avance de Vox en las instituciones, se va manifestando en el resto de España.
En el marco del calentamiento de motores para las autonómicas del 2020, las diferencias afloraron cuando sectores de la oposición, ante la inminencia del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, preguntaron sobre el asunto de la igualdad en el contexto de los pactos del PP con Vox. La discusión, preñada de acusaciones cruzadas, mostró que lo mucho logrado a través de un Pacto de Estado puede empañarse cuando los partidos no trepidan en instrumentalizarla. Hace justo un año, la líder del BNG, Ana Pontón, instaba a Alberto Núñez Feijóo a "demostrar que no formaba parte de ninguna de las manadas" que, según ella, habría en "la Justicia, la política y las instituciones". La analogía no pudo ser más desafortunada.
Para ser honestos, la partidización del tratamiento de la violencia de género no comenzó con Vox aunque sí se haya recrudecido. Experimenta un punto álgido por estos días por su rechazo a firmar declaraciones institucionales de repudio en las administraciones de las que forma parte. Por otro lado, su pretensión de regresar al concepto de violencia intrafamiliar supone remar contra la corriente dominante en Europa. El Convenio de Estambul sobre Violencia de Género (2014) amplió el concepto de violencia a más figuras que la agresión o asesinato de la mujer a manos de su pareja o expareja, incluyendo también acoso sexual, prostitución, matrimonio obligado y mutilación genital.
En síntesis, todo parece complotar contra la discusión de lo esencial: 2019 está siendo el año con más mujeres asesinadas en el mismo periodo desde 2011, y con un porcentaje de denuncias cuatro puntos por debajo de la media histórica. Mientras tanto, existe un copioso entramado institucional multinivel destinado a combatirla y del que se desconoce si incluye una cultura de evaluación de sus políticas. Todo ello, mientras el abordaje de la violencia de género se complejiza crecientemente por las mutaciones y sinuosidades que adquiere bajo el peso de los entornos digitales al tiempo que va colonizando otros espacios.
Sucede con la actividad política, a medida que más mujeres avanzan en ella. Un estudio de la Unión Interparlamentaria (UIP) en 2016 le puso luz a partir de la experiencia de parlamentarias de 39 países. Incluye conductas que van desde la presión para renunciar al escaño luego de ser electas, la obstaculización, la prohibición de expresarse, la difamación a través de medios, la agresión física, la dominación económica y la violencia sexual, entre otras.
Su existencia permite abonar una hipótesis explicativa para entender la persistencia de una política tan masculinizada a pesar de tener el tercer Congreso con más mujeres de Europa (43,4 %), así como el Gobierno más paritario del mundo.
Doctora USC y politóloga del Grupo Colmeiro (@Mangeles_HM)