El Correo Gallego

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EL SONIDO DEL SILENCIO

JOSÉ CARLOS BERMEJO(*)

Procusto: de bandido a legislador universitario

11.11.2018 
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Contaba una leyenda griega que el bandido Procusto se había hecho con el control de un paso y que había decidido establecer una especie de peaje que consistía en que todos los caminantes debían tumbarse en un lecho que él había construido como patrón de medida del cuerpo humano. Si el viajero se ajustaba bien al lecho no tenía ningún problema, pero si era demasiado bajo o demasiado alto Procusto solucionaba el problema cortándole las extremidades o estirándoselas a la fuerza. Procusto era un bandido y no uno de los míticos legisladores griegos, como el rey Minos, que impartía justicia en Creta siguiendo los preceptos legales que periódicamente le revelaba Zeus. Pero eso era así en la antigüedad; en la actualidad Procusto sería un legislador que a base de introducir excepciones a todas las reglas, acabaría por hacer realidad el verso del famoso corrido mexicano que dice: "Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley".

Una nueva muestra de la jurisprudencia procústea la tenemos en el campo de la legislación universitaria, que da la impresión que desconoce el principio de contra­dicción, que confunde sistemáticamente las partes con el todo y que pone siempre en práctica el principio de que, partiendo de estos dos principios maestros, todo se puede cambiar constantemente, según la ocasión, las circunstancias, e incluso las personas.

Nadie quiere reformar la universidad, adaptarla a las nuevas circunstancias sobrevenidas desde 1983, cuando se aprobó la LRU del ministro Mara­vall, ajustar las titulaciones al decreciente número de alumnos, impuesto por la propia evolución de la población, y reestructurar en serio campus, universidades y titulaciones. No lo quiere nadie, ni los partidos políticos, a los que la universidad no les interesa para otra cosa que no sea hacer declaraciones sobre la ciencia y la industria, que luego quedan en nada; ni los rectores, que mayoritariamente están muy satisfechos con el sistema que les ha dado acceso a sus cargos; ni siquiera los profesores consolidados, los jóvenes investigadores, ni los alumnos, porque no son capaces de tener una visión global de los problemas de la universidad, más allá de sus intereses personales y de su promoción académica, a la que parece que toda la institución debe estar subordinada, según algunas autoridades académicas y líderes sindicales.

Aunque no se quiere reformar nada en serio, porque ello pasaría por aprobar una nueva ley de universidades a gusto de las 17 autonomías, no obstante la pulsión legisladora sigue viva y encarna el imposible ideal físico del móvil perpetuo. Una muestra de esa pulsión la tenemos de nuevo en la propuesta que el Secretario General de Universidades ha expuesto a los sindicatos para elaborar un nuevo Estatuto del personal docente e investigador, que respeta fielmente la idea de que lo contradictorio es coherente, de que la parte es superior al todo, y sobre todo el lema del viejo liberalismo radical: 'Dejad hacer, dejad pasar', refiriéndose naturalmente a cada universidad y sus equipos de gobierno, a los que se concede más capacidad discrecional; como si ya tuviesen poca.

La LRU de Maravall, en gran parte en vigor a pesar de los sucesivos remiendos, cortes, parches, ajustes y pegotes, había establecido que los profesores estables de las universidades habrían de ser los catedráticos y titulares de universidad y los catedráticos y titulares de escuela universitaria. Todos ellos, en tanto que funcionarios, deberían acceder a sus plazas cumpliendo las leyes y normas generales que rigen la función pública, como no podía ser menos, y en oposiciones regidas por los principios de igualdad, publicidad y mérito. Todos estos profesores tendrían plena capacidad docente e investigadora en los casos de los catedráticos y titulares de universidad, y esa plena capacidad estaría avalada por los principios constitucionales de libertad de cátedra y autonomía universitaria.

Junto a estas categorías de funcionarios la ley contemplaba la figura del profesor ayudante y del profesor ayudante doctor, que tendrían dos contratos sucesivos de dos y tres años y luego no podrían continuar en esa categoría, debiendo ascender a funcionarios o marchar a otras universidades. La tipología se completaba con los profesores eméritos, contratados por cada universidad en un régimen laboral compatible con su jubilación, y creados como compensación por haber pasado la jubilación del profesorado de los 70 a los 65, con el fin de que los mejores profesores pudiesen seguir con su labor docente e investigadora.

A ello se añadían las figuras del profesor visitante, que normalmente era un extranjero contratado por uno o dos años para que enseñase materias o técnicas muy específicas, y los profesores asociados, que eran profesionales de reconocida competencia que ejercían su labor fuera de la universidad: médicos, juristas, ingenieros y científicos de cuyo saber se podrían beneficiar la universidad gracias a breves contratos a tiempo parcial.

Toda esta estructura se ha ido degradando mediante la progresiva extinción de las convocatorias de plazas de catedrático y titular en turno realmente libre y creadas por necesidades docentes reales y no básicamente para promocionar a quienes las solicitan con nombre y apellidos. Y también gracias a la supresión de cualquier examen en el que los concursantes tengan que demostrar su conocimiento teórico y práctico de una materia. Exámenes que han desaparecido, argumentando que los concursantes ya están acreditados por la Aneca, una agencia de funcionarios omniscientes y profesores obedientes a los funcionarios, que creen saberse la fórmula mágica para avalar a alguien como profesor de la materia que sea, sumando puntos y parámetros ideológicamente sesgados.

Para completar el ajuste procústeo de la LRU, modificada en parte por la LOU, que a su vez fue modificada por la LOMLOU (Ley orgánica de modificación de la LOU) ahora se propone sentar las bases de un auténtico Patio de Monipodio académico, como se podrá comprobar.

Primero se dice que cada universidad podrá decidir si consolida a su personal por la vía laboral o funcionarial, lo que podría suponer amortizar los cuerpos de funcionarios, que tienen medias de edad superiores a los 55 años, dejando simplemente que se jubilen. Si se adelantase la jubilación de nuevo a los 65 el camino estaría más despejado.

Si una universidad quisiese extinguir a los profesores funcionarios podrá hacerlo así, creando su cuerpo de contratados doctores, u otras categorías, que eso sí, serían acreditadas por la omnisciente Aneca, a su discreción. Pero aún hay más bazas, como contratar por cuatro años profesores visitantes, lo que puede hacer la universidad o el propio rector a dedo, como ocurre en algunas universidades, que además puede establecer que el visitante pueda venir de otro continente, o de otra autonomía o provincia, según establezcan sus ingeniosas normativas. Estos visitantes se pueden convertir en nuevas categorías paralegales, como los "interinos de sustitución", que ni son interinos de nadie ni sustitutos de ninguno, los ayudantes LRU, que se rigieron por las normas de una figura extinta, o los asociados atípicos, que no son atípicos por su extravagancia, sino porque su figura no es legal.

Si a la discrecionalidad de elegir entre funcionarios y laborales se añade que se podrán contratar por dos periodos de tres años sucesivos a investigadores reconocidos, que eso si, han de airearse nueve meses -el tiempo de un embarazo- en otro centro del extranjero, aunque ya hayan estado años previos en otros; y que esos profesores no tendrán que estar acreditados ni tener conocimientos de las materias, porque hay que valorarlos como investigadores con reglamentos diferentes en cada universidad, tenemos las bases para que las plantillas de dos universidades no se parezcan en nada y sobre todo para conseguir que no exista ninguna movilidad del profesorado en el tan cacareado mundo del espacio europeo de educación superior. Porque, eso sí, la innovación académica da la impresión de que consiste en legislar para desvirtuar las leyes y lograr que las palabras signifiquen cada día, en cada sitio y según quién las diga, una cosa diferente e irreconocible.

(*) El autor es catedrático de Historia Antigua de la USC