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RAMÓN BALTAR

Apuros regios

27.03.2020 
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SALTAN a la prensa inquietantes informaciones que afectan a la persona del rey emérito. Si las autoridades judiciales llegaran a verificarlas, quedaría en entredicho el consenso de la Transición de dejar al monarca al margen de la lucha política.

Cosa harto pintoresca porque su condición de jefe del Estado lo declara políti- co y lo obliga a observar las normas no escritas que regulan el desempeño de la más alta magistratura. Obligación de la que, a lo que parece por lo que se viene publicando, se creyó dispensado Don Juan Carlos I: su destacado papel en el paso de la Dictadura al nuevo régimen no implica bula ninguna para ciertas prácticas de dudosa ejemplaridad.

Imprudencia temeraria la decisión de gobiernos y Cortes Generales de, poniendo como disculpa la inviolabilidad, omitir el control de aquellas actuaciones reales que implican disposición de fondos y medios públi- cos. Hay motivos para responsabilizar a la clase política de no haber tomado medidas para asegurar el cumplimiento de una norma que en democracia no admite excepción: los dineros de todos deben de ser justificados al céntimo.

Y así resulta inexplicable que se defienda que no pue-de ser investigado porque la CE declara su figura inviolable, concepto que es dudoso que sirva para evitar pedir cuenta de acciones reales privadas que apuntan a traspaso de la ética política y aun de la legalidad. La inviolabilidad no acaba uno de imaginar para qué se le da a un cargo político cuya función se reduce a representar y mediar, pero se presenta como ocasión de impunidad.

Por lo dicho y lo callado, se entiende que algunas fuerzas políticas defiendan que se investiguen las denuncias contra el rey emérito por transacciones que no cabe considerar solo privadas. La negativa a permitirlo confirmaría el miedo a las resultas.

Profesor titular de Latín