El Correo Gallego

Noticia 1 de 1 Opinión » Firmas

tribuna libre

TORCUATO LABELLA

La Administración pública española

22.08.2019 
A- A+

TENGO la certeza absoluta de que el Estado es necesario. También me muestro convencido partidario de que para que funcione es imprescindible que esté sustentado sobre un aparato burocrático que cubra todos los aspectos que lo hagan persistir. Ese aparato burocrático, resumiendo, es lo que llamamos la Administración del Estado. Dicho esto y visto como funciona semejante macroorganismo en España, hace que a uno le entren ganas de hacerse anarquista.

En España la Administración es cara e inoperante. Si funcionara así una empresa privada sería imposible llevarla adelante sin que se arruinara al poco de fundarse. La Administración aquí es un monstruo con una enorme cantidad de brazos descoordinados entre sí porque carece de un cerebro que los conecte. Cuando surge un nuevo problema o una nueva actividad social, lo habitual en España es crear un nuevo negociado que se encargue del asunto, porque esto es lo fácil, sin pararse a pensar dos cosas: la primera, si pudiera administrarse o controlarse lo nuevo con lo que ya hay; y la segunda, si fuera imprescindible su creación, al mismo tiempo que nace, incardinarla y conectarla con el resto del aparato administrativo, con lo fácil que es actualmente usando la informática. Pero como esto requiere pensar y los responsables políticos son alérgicos al esfuerzo mental por lo general, y lo único que les interesa es engordar el aparato administrativo para pagar favores y colocar a correligionarios, no lo hace.

Si no fuera cierto lo que digo, desde el mismo momento de la Transición en que se creó un nuevo régimen político y aparecieron las autonomías, al mismo tiempo que se les traspasaba una competencia, automáticamente debía de haber desaparecido la misma del Estado central. Por el contrario, después de 40 años, todavía tenemos organismos administrativos centrales, autonómicos y municipales repetidos para una misma función, con el consiguiente gasto superfluo y la complicación para el ciudadano.

He observado que la competencia funcional de los diferentes organismos de la Administración no es homogénea. Yo los divido en dos clases: los que facilitan la vida -llamémoles así- al ciudadano y los represivos. El funcionamiento de ambos tipos es diferente. Mientras los primeros son bastante inoperantes y no hacen más que poner pegas a la hora de realizar un trámite (múltiples instancias, ventanillas diversas, silencios administrativos y plazos de resolución tardíos), los segundos, los organismos represivos, son de una eficacia tremenda. No hay más que ver Hacienda y Tráfico. Verán ustedes el control estricto y minucioso que lleva el Estado de los ingresos de los ciudadanos a través de Hacienda y la diligencia que tienen sus funcionarios a la hora de averiguar qué cuentas corrientes tiene el moroso para bloqueárselas hasta que no liquide la deuda.

Y no digamos Tráfico. Aquí no escapa nadie de las multas por denuncias de los agentes o de los sofisticados medios técnicos de que disponen para reprimir al que se salta el código de circulación. Y ambas cosas no me parecen mal. Lo que detesto es que el resto de los organismos administrativos estatales no funcionen igual de bien y con la misma celeridad para facilitar la vida a los ciudadanos.

Una prueba palmaria de la acefalia del aparato administrativo español es el truco del tocomocho que muchos sinvergüenzas le hicieron al Estado. Me refiero a esos sujetos o sujetas que han estado cobrando la pensión del padre o de un familiar durante muchos años después de que falleciera. Sin eximir de responsabilidad al delincuente que hace esto, que la tiene toda, habría que pedirle cuentas al quién teniendo los datos -porque los tiene- de los ciudadanos fallecidos a través del negociado que registra los obligatorios certificados de defunción, es incapaz de coordinarse con el que está encargado de pagar las pensiones. Si este catastrófico fallo, que se produjo por incompetencia de la Administración, ocurre en una empresa privada, todo el consejo de administración va a la calle. Pero como es el Estado, no pasa nada.

Es vergonzoso que en lugar de subsanar el fallo, visto el fraude, se recurra a lo más fácil: descargar la responsabilidad en otros a los que no se les paga por controlar el tema. Resulta que son los bancos los que tienen la obligación de llamar periódicamente a los jubilados a ver si no se han muerto y puedan seguir cobrando la pensión. Vergüenza de Administración que además de carísima es inoperante muchas veces.

Médico