El cachondeo de las mascarillas
CON toda seguridad recordarán ustedes que hace un año se nos decía desde las altas instancias sanitarias del Gobierno que para la población en general no era aconsejable el uso de mascarillas. Solamente debería ponerla, tampoco de forma obligatoria, el personal más expuesto al contagio. Para el común de los mortales bastaba con la distancia de metro y medio entre personas, el lavado frecuente de manos y los guantes en el supermercado.
Después supimos, aunque nadie nunca lo reconoció oficialmente, que el motivo de la recomendación era evitar las quejas por la inexistencia de material protector. Ya estábamos con la mosca detrás de la oreja porque en otros países con sanidad avanzada, caso de Corea o Japón, era costumbre utilizarla bastante antes de la pandemia, y no precisamente por estética. En las rúas compostelanas era frecuente ver a peregrinos, cuando los había, con boca y nariz tapadas. Sabiduría oriental.
Un año después el Gobierno se pasa al extremo opuesto en la obligatoriedad del uso de la máscara. Ayer publicó la norma según la cual ni Robinson Crusoe se libraría del barbijo. Claro que al día siguiente ya rectifica, con lo que uno no sabe a qué atenerse. Mientras, en lo que es prioritario y de su incumbencia, como el suministro de vacunas, pasa de largo. O del control de las medidas, como el cumplimiento de aforos, cierres perimetrales o toque de queda, una labor que recae principalmente en las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los efectivos con los que cuentan los concellos o la Xunta en el caso gallego –no así País Vasco y Cataluña– son escasos, insuficientes para ejercer el cometido.
Se sabe que para que las medidas sean realmente efectivas han de tener el respaldo de la sociedad, y para que ello ocurra antes deben ser entendidas. En general, los ciudadanos están comportándose de manera responsable.
Los incumplimientos son noticia precisamente porque son escasos y desde los medios de comunicación se resaltan, en parte, para concienciar del daño que causan. Se trata de advertir a los infractores que la solidaridad es apremiante necesidad y de alertar a las autoridades para que no bajen la guardia. Pero los bandazos e improvisaciones del Gobierno provocan el efecto contrario. Son un mal ejemplo. Con las mascarillas causó un problema donde no lo había.
Genera también estupor la permisividad con los extranjeros a la hora de visitar España como turistas mientras se le niega a los naturales. La discriminación es palpable por mucho que se aduzcan razones legales europeas de libre circulación de personas. La propia normativa comunitaria prevé cierres de fronteras en casos de necesidad, y por encima de las razones sanitarias no existe ninguna otra.
Y es difícil de comprender como una situación de extrema gravedad como la actual no sea motivo suficiente para actualizar la ley general de sanidad, que este mes de abril cumple 35 años. Está en su derecho el Gobierno de llevar al Constitucional la lei de saúde gallega si considera que se excede en sus competencias. La Justicia tiene la última palabra, pero después de un año y con casi cien mil muertos a la espalda algo más que acudir a los tribunales se debiera hacer. No emulen al perro del hortelano.