El carácter de la marcha
IMÁGENES de impotencia han llenado numerosas calles españolas con demasiados irresponsables tras la abolición del estado de alarma. Ver las mismas no solo ha generado un alto revuelo mediático que evidencia un desagradable e inentendible pasotismo multitudinario, también ha reflejado nuevamente que somos la nación del olvido: una auténtica pandemia que hace incluso replantearse cuáles son las verdaderas convicciones que nos mueven como sociedad.
Dos grandes sucesos abordaron la semana pasada. Por un lado, la ya previsible anulación de la excepcional situación en la que nos encontrábamos con motivo del coronavirus, recogida inicialmente en el Real Decreto 926/2020 y prorrogada seis meses más en el Real Decreto 956/2020. Finalizó este domingo, ante las críticas de numerosas autonomías, mientras días antes (en este caso sorpresivamente) llegó la hipotética y futura implantación de los peajes en autovías y carreteras.
El primer hecho se anuncia como una “buena noticia”, ya que “salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho”, justificaba el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una tribuna publicada en el diario El País este lunes. El segundo, más bien como una “noticia peor”; la norma camuflada entre circulación eficiente y el beneficio medioambiental cuyo mayor propósito es paliar el déficit de 8.000 millones que deja la conservación de nuestras calzadas.
Al respecto comentaba Pere Navarro, director general de Tráfico, que “el que lo usa lo paga”. Unas palabras que, sumadas al principal motivo (la razón económica que parece forzar la monetización de las arterias que nos unen), sientan un precedente peligroso que no muchos han visto venir. Quitando que los conductores aportan ya 30.000 millones en impuestos, según manifestó Antonio Lucas, presidente del Real Automóvil Club de España, si se consolida la medida no dudo que habrá más.
Porque bajo este pretexto, ¿qué será lo siguiente? En el momento en el que haya otro déficit, por ejemplo en el mantenimiento de nuestro parques, ¿también nos dirán que tendremos que pagar para poder disfrutarlos? Quizás en nuestras plazas ocurra lo mismo. Entonces, si sus pretensiones se hacen públicas, apuesto que los niños que avivan dichos espacios saldrán a manifestarse. Como en Colombia ante una reforma tributaria que ya ha sido retirada por Iván Duque y le ha costado su puesto a Alberto Carrasquilla, ahora exministro de Hacienda.
Aquí no parece que nadie vaya a salir a la calle, le cobren uno o diez céntimos por kilómetro. Aquí este fin de semana la duda no era esa, sino cuantas botellas pillar para celebrar el fin del estado de alarma. La macabra fiesta que pone el foco en la desaparición de una medida estatal impuesta para reducir los efectos del COVID. Un virus que hasta este 10 de mayo se ha llevado la vida de casi 100.000 personas en nuestro país, un total de 99.657 habitantes, según cifran las comunidades.